Brasil 2016: entre la legalidad y la legitimidad

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El debate sobre la legitimidad del poder reconoce una larga tradición de desarrollo en la Ciencia Política
Dilma, blanco entre la batalla entre la legalidad y la legitimidad

El debate sobre la legitimidad del poder reconoce una larga tradición de desarrollo en la Ciencia Política; basta recordar las aproximaciones de autores como Max Weber, quien desplegara su memorable tipología sobre las diferentes modalidades de dominio legítimo, y Carl Schmitt, polémico autor, de origen alemán como Weber, que pondrá el eje de la discusión en la relación entre legalidad y legitimidad en el marco de la crisis de gobernabilidad que vivía Alemania durante los años de la República de Weimar (1919-1933).

En las décadas de 1960 y 1970 se destacan los escritos de autores de la talla de Seymour Lipset y Juan J. Linz, procurando establecer los mismos relaciones entre la democracia, la legitimidad política y la eficacia decisional.

Todo este breve recorrido por tan fructífera tradición de investigación en la Ciencia Política a lo largo del siglo XX viene a cuento, en forma oportuna, del proceso político que se desarrolla en la república de Brasil, producto del cual la presidente Dilma Rousseff ha sido suspendida en el ejercicio de sus funciones por el plazo de 180 días y reemplazada por el vicepresidente y presidente actualmente a cargo de la titularidad del poder ejecutivo Michel Temer.

Numerosas han sido las repercusiones de dicho proceso como así también las caracterizaciones del mismo; se ha destacado entre ellas aquella por la cual se ha definido dicho proceso como un “golpe de estado” tanto desde diferentes sectores intelectuales como por parte de la propia presidente Rousseff.

Veamos de qué se trata este proceso este proceso débil de legitimidad

El inicio del proceso en la cámara de Diputados ha sido aprobado por 367 a favor, 137 en contra 7 abstenciones y 2 ausentes y luego en el senado por 55 votos a favor y 22 en contra. Este proceso se desarrolla en el marco de una crisis económica y social, fuerte movilización callejera, presión mediática y la ruptura de la alianza de gobierno entre el Partido de los Trabajadores-PT y el Partido del Movimiento Democrático Brasileño-PMDB.

Se ha puesto en marcha un mecanismo previsto en la Constitución de Brasil, y mientras se sustancia dicho procedimiento, se asegura la permanencia y funcionamiento de las instituciones públicas a través de las pautas sucesorias definidas en circunstancias de esta naturaleza; recordemos al respecto que el ex presidente y actual senador por el estado de Alagoas Fernando Collor de Melo ha sido suspendido y luego destituido por el mismo procedimiento en el año 1992 asumiendo en su lugar la presidencia de Brasil el vicepresidente Itamar Franco.

Mirando más allá de Brasil, nos encontramos con un procedimiento que en la región no parece reconocer fronteras ideológicas: han sido sometidos a este proceso con diferentes desenlaces el mencionado Fernando Collor de Mello en 1992 (derecha conservadora) en Brasil, Carlos Andrés Pérez en 1993 (socialdemócrata) en Venezuela, Abdalá Bucaram en 1996 (derecha populista) en Ecuador, Ernesto Samper en 1997 (derecha liberal) en Colombia, Raúl Cubas en 1999 (ni derecha ni izquierda sino todo lo contrario) en Paraguay, Luis González Macchi en 2000 (Ídem Cubas) en Paraguay, Fernando Lugo en 2012 (izquierda radical) en Paraguay y la propia Dilma Rousseff en 2016 (izquierda socialdemócrata) en Brasil.

Ahora bien, merece ser destacado que los fundamentos sobre los que sustancia el proceso en Brasil no son contundentes, la imagen pública de los legisladores que sustancian este proceso está fuertemente cuestionada y la imagen positiva del presidente interino Temer es aún más baja que la de la propia Dilma Rousseff.

Se trata en definitiva de un proceso legal, y no de un golpe de Estado, pero sin duda débil en términos de su legitimidad.

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