Decretos de gobierno: ¿fortalecen o debilitan al presidente?

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Mauricio Macri debe elegir si le conviene gobernar a través de decretos.
Mauricio Macri ha emtiido una serie de decretos, que fueron criticados por la oposición y sus aliados.

Desde el primer día de su gestión, Mauricio Macri tomó una serie de medidas que causaron debate entre la ciudadanía respecto a sus futuros resultados. Sin embargo, la discusión mayor tuvo como eje la forma en que se adoptaron dichas decisiones, principalmente a través de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y autónomos.

Mediante esta herramienta constitucional, que permite al presidente cambiar el statu quo sin necesidad de acordar con el Congreso, han sido realizadas modificaciones presupuestarias; quedó transferido el Departamento de Interceptación y Captación de Comunicaciones al área de la Corte Suprema de Justicia, resultó suspendido en su aplicación el Código Procesal Penal aprobado durante junio último y la Autoridad de Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual fue reemplazada por el Ente Nacional de Comunicaciones -creado gracias a una profunda reforma efectuada sobre la Ley de Medios-.

Asimismo, por decreto simple, se nombró en comisión como integrantes del máximo tribunal judicial a los abogados Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti, el esquema de derechos de exportación registró amplias modificaciones y el diputado Martín Lousteau obtuvo su designación provisoria como embajador extraordinario y plenipotenciario de nuestro país ante los Estados Unidos.

Dichas disposiciones han servido para que numerosas voces opositoras al nuevo gobierno manifiesten que éste busca administrar el país por decreto, avasallando potestades propias del Poder Legislativo. Desde el oficialismo, sin embargo, se considera que la firma de las anteriores normas resultó indispensable en pos de revertir los efectos causados por malas decisiones adoptadas durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner.

Ante este escenario, es oportuno preguntarnos qué factores políticos condujeron al jefe de Estado a hacer uso de una de sus “prerrogativas imperiales”.

El Poder Legislativo, un actor con moderada intransigencia

A lo largo del conocido artículo Legislaturas reactivas y presidentes proactivos en América Latina, Gary Cox y Scott Morgenstern identifican cuatro tipos ideales de relación entre presidente y Congreso al momento de tomarse decisiones sobre políticas públicas, y en claro vínculo con el contingente de apoyo gubernativo: 1) presidente imperial – legislatura recalcitrante, 2) presidente orientado nacionalmente – legislatura parroquial, 3) presidente coalicional – legislatura negociadora, y 4) presidente dominante – legislatura sumisa.

Hoy día, si la coalición Cambiemos puede llegar a construir una mayoría en la Cámara de Diputados –aliándose con los interbloques Federal Unidos por una Nueva Argentina, Frente Amplio Progresista y Compromiso Federal-, ello será imposible en el Senado, ya que el Frente para la Victoria cuenta con el dominio absoluto de las bancas. Ahora bien, cuán encolumnado tras la figura de Cristina Fernández de Kirchner se mantenga un vasto sector del Partido Justicialista (PJ) constituirá un factor crucial para que el presidente Macri defina si se encuentra ante un Congreso recalcitrante, o bien parroquial. A continuación explicamos mencionadas clasificaciones, trazando un paralelismo con la coyuntura política argentina.

Cuando el presidente asume que la legislatura no apoyará sus propuestas ni estará dispuesta a acordar sobre asuntos trascendentales, la mejor estrategia consiste en eludir el veto parlamentario mediante la adopción de un estilo ejecutivista de gobierno, el cual implica comprender al decreto como una de las herramientas con que cuenta y a las cuales recurre el primer mandatario.

Siguiendo esta línea de pensamiento, los decretos firmados por Macri tuvieron como objetivo sortear la férrea oposición que realizará, en el marco del debate legislativo, un PJ enérgico. Sin embargo, tumultos registrados en el seno del tradicional partido señalan la incipiente retirada de un liderazgo incuestionable, por lo que numerosos diputados y senadores migrarían próximamente hacia posturas más cercanas a las filas del PRO.

De concretarse dicha hipótesis, el Poder Ejecutivo estará en condiciones de lograr el apoyo de parte del peronismo ofreciendo a sus integrantes retribuciones particulares: cargos públicos, concesiones en materia de políticas gubernamentales y fijación de la agenda. En momentos en los cuales el presidente comprueba que la mejor forma de obtener el voto favorable -o, al menos, la abstención- de sus adversarios consiste en otorgar favores menudos y patronazgo, ello se debe a que se encuentra ante una legislatura de índole parroquial.

A razón del impulso que sienten por alzarse con  cargos ejecutivos, gran parte de los parlamentarios locales decide brindar al jefe de Estado un papel central en cuanto a la puesta en marcha de resoluciones significativas. Así, el primer mandatario posee una vasta autoridad para resolver asuntos de gobierno mediante decreto, a partir de la cesión temporaria y ad hoc que el Congreso hace de sus funciones.

Buscando descifrar el escenario político

 Adoptando el planteo formulado por Mario Maurich y Gabriela Liendo en su texto ¿Estilo decisionista de gobierno o estrategia decretista de gobierno? La Argentina de Alfonsín y Menem, pensamos que el presidente de la Nación buscó valerse de la firma de decretos para realizar una suerte de “golpe preventivo”: suponiendo que el bloque kirchnerista se mostrará reacio a aprobar normas propuestas desde Casa Rosada, el signado de Decretos de Necesidad y Urgencia sirvió para sentar un precedente normativo y condicionar la negociación posterior.

De todas formas, es difícil que en el peronismo reinen las posturas dogmáticas impulsadas por La Cámpora. Aun cuando resulte moralmente discutible, no debe olvidarse que una enorme mayoría de los gobernadores e intendentes está urgida de fondos, y Presidencia se encuentra en condiciones de transferir discrecionalmente las sumas de dinero requeridas por las unidades de gobierno menores, al no existir una ley que ordene el mecanismo de distribución de recursos coparticipables.

La recepción de dinero se traduce generalmente en apoyo para la sanción de normas inherentes al ethos presidencial. Por ello, puede vislumbrarse cierto grado de acuerdo al interior de un Congreso cuyas sesiones ordinarias comenzarán en poco más de un mes.

Si este supuesto resultara corroborado, extender en el tiempo una postura decretista perjudicará notablemente al gobierno, ya que la opinión pública podrá notar que un jefe de Estado cuya principal consigna de campaña estuvo basada el respeto hacia las instituciones republicanas, prontamente tomó una actitud de neto corte unilateral.

En su momento, Macri afirmó que los días iniciales de gestión son “a prueba y error”. Por tal motivo, está en condiciones de revertir una estrategia ejecutivista que genera críticas entre eventuales aliados. Mientras se sitúe en una incómoda minoría, Cambiemos no puede correr riesgos.

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