Guatemala, decime qué se siente…

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En abril pasado, el Fiscal Iván Velázquez Gómez, a cargo de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), acusó al secretario privado de la Vicepresidencia de dicho país de integrar una asociación ilícita dedicada a la defraudación tributaria.

La pesquisa permitió que el manto de sospecha también cayese contra demás integrantes de la estructura de Gobierno. Así, la Vicepresidenta Roxana Baldetti, quien se supone es “La Señora” mencionada en diversas escuchas telefónicas, debió presentar su renuncia ante un contexto de profundo malestar social.

Sin embargo, la dimisión de tan alto cargo no impidió que, a fines de agosto, el Ministerio Público anunciara que el Jefe de Estado, Otto Pérez Molina, conocía la existencia de semejante red de corrupción, e incluso era parte de la misma.

Día tras día, la población optó por dirigirse a la Casa Presidencial y exigir que el Presidente abandonase el cargo. Carente de todo apoyo, Pérez Molina renunció y, pocas horas después, fue enviado a prisión provisional, ahora preventiva.

A diferencia de lo sucedido en el pequeño país centroamericano, los políticos argentinos gozan de un trato preferente ante la Justicia. Si la mayor parte de los magistrados rara vez se atreve a inmiscuirse en las densas tramas de poder, aquellos que lo hacen están obligados a enfrentar la capacidad de bloqueo propia de los fueros, una prerrogativa subyacente a los funcionarios electos que, malinterpretada en su alcance, sirve para detener toda investigación.

Así, en 2013, el exmandatario Carlos S. Menem fue condenado a siete años de prisión por la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador, efectuada durante su primer período de Gobierno. Sin embargo, valiéndose de esos pactos que nada ayudan a nuestra democracia, el actual Legislador aún se encuentra libre ya que el Frente para la Victoria no presta los votos necesarios para retirarle su inmunidad.

Por otra parte, Fernando de la Rúa fue capaz de sortear exitosamente el proceso llevado a cabo en su contra por el supuesto pago de sobornos a senadores peronistas y radicales, buscando que éstos aprobasen la Ley de Reforma Laboral. Pese a que uno de los presuntos implicados dijo ser quien había enviado coimas a numerosos legisladores por órdenes de personas con más alto rango, los Jueces del Tribunal Oral Nº3 ordenaron la absolución de todos los involucrados en la causa, incluyendo al propio “arrepentido”.

De igual forma, tanto la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner como varios de sus Ministros y Secretarios han sido mayormente denunciados por enriquecimiento ilícito, a razón que sus patrimonios no concuerdan con los ingresos declarados en las correspondientes declaraciones juradas. De todas formas, el caprichoso destino hace que las acusaciones casi siempre caigan en manos de magistrados afines a los implicados en hechos delictivos, lo cual demora, si no frena por completo, el avance de las pesquisas.

Indudablemente, el caso más resonante es el referido al Vicepresidente Amado Boudou, quien habría comprado la imprenta Ciccone utilizando a un amigo suyo como testaferro. Pese al escándalo generado, el antiguo Secretario de Hacienda del Municipio de La Costa continúa en su rol de titular de la Cámara Alta, y todo hace suponer que así será hasta el 10 de diciembre.

Los recientes acontecimientos guatemaltecos deben enseñarnos que sólo Jueces y Fiscales comprometidos con su labor, en conjunto a una ciudadanía activa que reclama vivamente honestidad en la clase política, pueden llegar a romper ese halo de impunidad que afecta a tantos países latinoamericanos.

En las próximas elecciones generales, utilicemos nuestro voto para premiar a los candidatos que poseen una trayectoria libre de actos ilegales. Todo político debe ser responsable por su comportamiento, y a tal fin resulta imprescindible que nosotros, los verdaderos detentores del poder soberano, repudiemos la triste frase “roban, pero hacen”.

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