Jubilados: el Gobierno prepara el pago de juicios

180
350.000 jubilados iniciaron los juicios por los reclamos Badaro y Elliff
Oficinas móviles de Anses atienden a los jubilados

En los últimos días apareció la noticia que el Gobierno planea vender acciones del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) para pagar los juicios a los jubilados. 350.000 jubilados iniciaron los juicios por los reclamos Badaro y Elliff y siguen en trámite, mientras que 40.000 juicios ya tienen sentencia firme. El FGS tiene papeles por  setecientos mil millones de pesos, de los cuales el 70% son títulos públicos. Poco menos del 10% son acciones, cuya venta requiere una ley del Congreso. Lo que trascendió es que el Gobierno piensa vender acciones de las empresas, las cuales el Estado obtuvo cuando se estatizaron las AFJP, en el año 2008.

El Presupuesto de este año prevé que ANSES pagará unos doce mil quinientos millones este año, que alcanzarían para pagar menos de 50.000 sentencias. Por lo tanto, se abonarían, en contado, los 40.000 juicios con sentencia firme, más otros sin sentencia firme. Se trata en la mayor parte de los casos de causas por haberes mal liquidados a partir de la crisis del 2001. Sucede que en los primeros años después de la crisis, el Gobierno sólo aumentaba las mínimas, pero miles de jubilados no tuvieron incrementos. Esta situación llevó a que una gran cantidad de jubilados realicen juicios de actualización de haberes.

En la ANSES dicen que la propuesta estaría diseñada antes de junio, que habrá un calendario de pago, y que la prioridad será para los de mayores edades o que tengan problemas de salud. La idea es positiva, ya que priorizar que cobren después de mucho tiempo aquellos que tengan mayor prioridad, es rescatable. Las sentencias de los jubilados no se pagan ni del dinero de la caja de la ANSES ni del Fondo de Garantía de Sustentabilidad, sino de partidas especiales que se aprueban todos los años en el Presupuesto Nacional. Con lo cual, el proyecto es por lo pronto, alejado de lo común, por fuera del Presupuesto Nacional y de lo que año tras año, se aplica en materia económica desde los gobiernos.

La ANSES heredó las participaciones en empresas que poseían los Fondos de Pensión, que fueron disueltos en 2008. A partir de allí se creó el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), donde se mantienen las tenencias que las AFJP mantenían en aquel momento, incluyendo plazos fijos, bonos y presencia en 46 empresas cotizantes. El organismo participa con importantes porcentajes en empresas: Banco Macro (31%), San Miguel S.A. (27%), Edenor (26,8%), Gas Natural BAN (26,6%), Siderar (26%), Telecom Argentina (25%), Pampa Energía (23,2%), Galicia (20,3%), Molinos (20%), solo por nombrar algunas de las 46 empresas.    

¿Cuestión de gastos o ideológica?

Vale pensar que cada vez que las empresas logran repartir las ganancias, el Estado recibe el porcentaje que posee de las empresas. Lo mismo ocurre cuando la empresa busca crecer y no se reparte el total de los dividendos, pero el Estado tiene una decisión de peso para prevalecer el interés nacional. Se puede pensar que se busca vender las acciones del Estado en las empresas por una cuestión de pagar a los jubilados, pero parece ser una cuestión ideológica. Es sabido que desde el Gobierno prefieren la libertad para las empresas y una señal para esto es vender las acciones a la propia empresa. Hay que pensar que la pérdida de ganancia en años puede ser enorme, derivada de los dividendos de las empresas y de la suba de las acciones en la Bolsa Porteña. El día que se especuló con esta acción, la bolsa cayó casi 4%, con una señal clara de que si se busca vender las acciones, serán al menor precio posible y no al mayor, como estipulan desde el equipo económico.

Se estima que el dinero del FGS rondaría los sesenta y cinco mil millones. En la última estimación, realizada en Octubre de 2015, las posiciones estaban valuadas en cincuenta y dos mil millones. Por lo tanto, el precio de las acciones puede subir y el Gobierno hacer un mal negocio con los bienes que son del Estado. En ese mismo mes, el Congreso de la Nación aprobó la creación de la Agencia Nacional de Participaciones Estatales en Empresas (ANPEE), cuyo objetivo es coordinar la participación que tiene el Estado en compañías privadas. Pero lo más importante es que al tratarse de una ley esta agencia sólo puede ser disuelta por el voto legislativo. La batalla por la aprobación de la disolución será dura porque la mayoría de los bloques opositores votará por la negativa.

Por más ortodoxo, liberal que se pueda ser, no suena lógico en el siglo XXI despilfarrar los bienes del Estado, porque el país lo ha padecido en numerosas oportunidades. En los países donde el Estado es más fuerte, es donde mayor distribución equitativa del ingreso hay y donde las retribuciones por los impuestos son más altas. Lo que habría que cambiar entonces, es la utilización que se le da a los bienes y empresas del Estado. Ya con cambiar eso, seria un avance importante.

Jubilados: el Gobierno prepara el pago de juicios
5/(100%) de 2 votos)

Comentarios

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here