Los gobernadores y Macri, obligados a entenderse

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El presidente y los gobernadores, deberán procurar una buena relación para que las metas de las provincias puedan concretarse.
Macri y gobernadores.

Restan pocos días para que inicie el 134º período de sesiones ordinarias correspondiente al Congreso Nacional, y el presidente Mauricio Macri espera que durante el mismo sean tratados asuntos de suma importancia, como la derogación de las leyes “Cerrojo” (aprobada en 2005) y “de Pago Soberano” (sancionada en 2014).

Con este propósito, el interbloque Cambiemos necesita el respaldo del ala peronista moderada, cuyos representantes sostienen que todo apoyo será demostrado sólo si las provincias reciben antes los fondos necesarios para abonar sueldos y jubilaciones, impulsar nuevas obras públicas y revitalizar las economías regionales. Es decir, si el jefe de Estado y los diversos gobernadores acuerdan qué recibirán a cambio de la ayuda que presten al otro: mientras el primero carece de votos, los segundos requieren dinero.

Es verdad, el kirchnerismo brindó a los intendentes –especialmente del Gran Buenos Aires- mayor relevancia política, mediante un proceso de adjudicación directa de recursos cuya contrapartida fue el respaldo sin fisuras a los proyectos elaborados en Casa Rosada. De todas formas, incluso si los mandatarios provinciales se vieron afectados en cuanto a su cuota de poder, no por ello dejaron de ser actores clave al momento de diseñar e implementar políticas públicas.

Analizando el rol jugado por los gobernadores

Numerosos y relevantes politólogos, tanto argentinos como extranjeros, han subrayado cuán importante resulta para el presidente obtener el respaldo de los diversos “caciques” subnacionales. Estos últimos, aún integrando un universo heterogéneo, comparten la cualidad de ejercer gran influencia sobre los legisladores, imponiendo a los mismos una férrea disciplina.

Tal como señala Mark Jones en su artículo Carreras políticas y disciplinas partidarias en la Cámara de Diputados argentina, las ramas provinciales de los diversos partidos dominan el acceso de los parlamentarios a las listas electorales, y, en consecuencia, sus chances de ser reelectos. Asimismo, como la mayor parte de los legisladores busca una carrera política ligada a la estructura partidaria, se entiende que un comportamiento obediente para con los jefes resultará premiado, ya que la actitud opuesta supondría la expulsión.

Ahora bien, es posible vislumbrar determinados factores que limitan estos efectos. Los líderes de cada bloque legislativo están capacitados para distribuir cargos en comisiones, además de presupuesto y control sobre los proyectos a discutir en el plenario, logrando así revertir el surgimiento de una postura opuesta a su decisión. Es oportuno también recordar que el presidente de la Nación posee una sustancial capacidad de iniciativa legislativa, así como exclusividad para presentar normas vinculadas a aspectos cruciales de la gestión, todos elementos que sirven para interferir en el proceso de toma de decisiones.

Sin embargo, siguiendo lo planteado por Carolina Tchintian en el escrito Gobernadores en política nacional. Una revisión teórica, el liderazgo partidario nacional obtiene su poder a partir de la delegación ejercida por los jefes partidarios provinciales, quienes intercambian apoyo legislativo por transferencias monetarias, subsidios y puestos en el esquema organizativo de la Administración central. Gracias a esta cesión, el partido mayoritario cuenta con una imprescindible capacidad de fijar agenda.

Además, un parlamentario tiende a enfrentarse a situaciones en las cuales los intereses correspondientes a sus jefes nacional y provincial resultan antagónicos, debiendo así exigir cambios en las políticas propuestas por el presidente, para congraciarse con quien maneja el pago chico. Si sus reclamos no son oídos, podrá valerse de una serie de mecanismos que dificultan la sanción de leyes: bloqueo a las iniciativas emanadas desde el Poder Ejecutivo Nacional; negación del quórum; firma de variados dictámenes en comisión por parte de quienes conforman un mismo partido, sólo por dar algunos ejemplos.

Un poder que se mantiene vigente

Valiéndose del apoyo dado a su figura durante ocho años de mandato, Cristina Fernández llegó a pensar que cada Casa de Gobierno provincial había sido convertida en una suerte de Cuartel Moncada, donde se comandaría la “resistencia con aguante”. El curso de los días demostró lo contrario, ya que únicamente Alicia Kirchner continúa mostrándose plenamente fiel a la exmandataria.

No obstante, el actual jefe de Estado debe recordar que gran parte de los líderes subnacionales se acercan a él sólo por una cuestión de interés, ya que no comparten sello partidario ni porvenir electoral. De lo contrario, ¿cómo explicaríamos el hecho de que el sempiterno gobernador formoseño haya tenido una relación cordial con todos los presidentes electos a partir de 1995?

El peronismo cuenta con amplia mayoría en el Senado de la Nación, donde son representadas las diversas provincias. Considerando lo mencionado con anterioridad, siempre que tengan como recompensa la mejora de las cuentas fiscales correspondientes a sus respectivos distritos de origen, los legisladores tenderán a posibilitar la aprobación de determinadas leyes.

Indudablemente, los diecisiete gobernadores justicialistas seguirán ejerciendo un papel protagónico dentro del armado político.

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