Audiencia en Estados Unidos por juicio a Yacimientos Petrolíferos Fiscales

El Procurador del Tesoro de la Nación, Bernardo Saravia Frías, esta hoy en Nueva York, para la audiencia de la cámara de apelaciones en la que se decidirá si el caso reclamado por el fondo Burford, en la que están involucrados los Yacimientos Petrolíferos Fiscales, sigue tratándose en los tribunales norteamericanos o pasa a la Argentina.

El Gobierno le pidió a la Cámara de Apelaciones de Nueva York que no haga lugar al reclamo económico del Grupo Petersen al expresar que la expropiación de las acciones de Repsol-Yacimientos Petrolíferos Fiscales fueron un acto soberano de la Argentina, sin una finalidad comercial.

Así lo expresa en un escrito de 60 páginas que sirve como base para la audiencia  de hoy, en la que estos magistrados de segunda instancia decidirán si hacen lugar al reclamo de Petersen, que fue comprado por el fondo de inversión Burford y que ya recibió una sentencia favorable en primera instancia.

Ésto nos “relataba” el Gobierno K para expropiar Yacimientos Petrolíferos Fiscales

El acuerdo con Repsol implico no sólo que los españoles desisten de casi todos sus juicios contra la Argentina y que el gobierno baja la mayoría de las demandas contra la petrolera: el país también se hará cargo de demandas en tribunales argentinos contra la compañía en su rol de accionista de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. Se trata de causas emprendidas por ex empleados y proveedores.

La ex Presidenta Cristina Fernández  habia anunció que el  al Congreso el proyecto de ley que reclamaron los españoles como aval al acuerdo por el cual recibirán 5.000 millones de dólares por el 51 por ciento de las acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales expropiadas. Antes de llegar al recinto, la iniciativa deberá contar con el visto bueno de las comisiones de Presupuesto, de Asuntos Constitucionales y de Energía, por lo que su debate se concretará en el marco de un plenario conjunto, una vez que queden definidas las conformaciones de cada una de esas comisiones, con sus respectivas autoridades, proceso que debería estar concluido antes de que finalice la actual semana.

En el bloque oficialista no descartan incluso que el plenario de comisiones -de conformarse en el menor tiempo posible-, pueda comenzar a analizar el proyecto en los próximos días, de manera de acortar los plazos de llegada al recinto para su sanción, aseguró la agencia oficial Télam.

El convenio implica la entrega a Repsol de bonos de la deuda por 6.000 millones de dólares, que la empresa podrá vender (o esperar a cobrar) hasta reunir 5.000 millones de dólares en efectivo, que es el monto de la indemnización acordada.

Además del pago, el acuerdo implica que las partes desisten de demandas judiciales cruzadas que han acumulado. Así, Repsol debe anular 19 demandas iniciadas en Buenos Aires, Nueva York y Madrid, según consta en el anexo VI del acuerdo. Pero además deberá lograr que se desactiven otras nueve causas contra el país: no le será complejo, son de ejecutivos de la propia compañía.

Por su parte, el Estado argentino se compromete a desistir de toda demanda contra la petrolera española, aunque no se enumera cuáles son. Pero sí se precisa, en el anexo VII, que el país se hará cargo de un grupo de nueve demandas de terceros contra los españoles: son particulares, empresas proveedoras, dueños de campos donde hay explotaciones petroleras; así como las que pudieran emprender ex empleados que reclaman por acciones de Yacimientos Petrolíferos Fiscales. En todos los casos, quien pagará por esos juicios, si correspondiera, será el Estado. Es la cláusula de “indemnidad” a que se comprometió el ministro Axel Kicillof al firmar el acuerdo. También la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) deberá certificar que en los juicios iniciados por Repsol o sus ejecutivos, no hay deuda por la tasa de justicia.

En cambio, el acuerdo plantea que pueden seguir adelante las demandas cruzadas que haya o pueda haber entre Repsol y Yacimientos Petrolíferos Fiscales por la transferencia de activos internacionales de Yacimientos Petrolíferos Fiscales o por la responsabilidad por colocaciones accionarias en Nueva York de papeles de la petrolera argentina. Hoy tenemos este juicio, más otro por otros 3.000 millones de dólares, por la venta de acciones durante el 2010/11, que trajo como consecuencia perjuicios económicos a los compradores de acciones en E.E.U.U, al descubrirse que  los balances presentados estaban subvaluados, y cuando ésto se descubrió trajo como consecuencia perjuicios económicos a los compradores. Ésto demuestra que no sólo vaciaron la empresa Yacimientos Petrolíferos Fiscales sino que nos dejaron pasivos por más de U$s 30.000.000.000.

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