Cannabis medicinal: el Gobierno reglamentó la ley que regula el uso

El presidente Mauricio Macri, el jefe de Gabinete Marcos Peña y el ministro de Salud Jorge Lemus firmaron el decreto que oficializó la Ley 27.350, que regula la investigación médica y científica del uso de la planta de Cannabis medicinal y sus derivados.

El decreto pone en funcionamiento el “Programa nacional para el estudio y la investigación del uso medicinal de la planta de cannabis, sus derivados y tratamientos no convencionales”.

“Resulta prioritario que la Autoridad de Aplicación cuente con información científicamente verificada respecto de las propiedades de la planta de Cannabis y sus derivados y su impacto en el organismo humano”, consideró el Gobierno en uno de los considerandos. La ley aprobada en el Congreso tenía 12 artículos, pero el Poder Ejecutivo sólo reglamentó tres.

“La provisión de aceite de Cannabis y sus derivados será gratuita para quienes se encuentren inscriptos en el Programa y se ajusten a sus requerimientos. Aquellos pacientes no inscriptos en el Programa que tuvieren como prescripción médica el uso de aceite de Cannabis y sus derivados, lo adquirirán bajo su cargo, debiendo ajustarse a los procedimientos para la solicitud del acceso de excepción de medicamentos que determine la Autoridad de Aplicación”, se explica en la ley.

La iniciativa para el uso de cannabis medicinal había sido aprobada el 29 de marzo pasado en el Senado, con 58 votos positivos y ninguno negativo.

El Programa funcionará en el ámbito de la Secretaría de Políticas, Regulación e Institutos del Ministerio de Salud y “será dirigido por un profesional médico calificado y con experiencia en investigación o gestión de la investigación, o en especialidades afines, con rango de Director Nacional”, dice el artículo 2 de la ley.

¿Quiénes podrán incorporarse al Programa para el uso de cannabis medicinal?

Aquellos que se encuentren en el Registro Nacional, es decir, pacientes en tratamiento para estudio de casos y pacientes en protocolo de investigación, que voluntariamente soliciten su inscripción, o sus representantes legales en caso de corresponder.

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