Carles Puigdemont no puede ser Presidente si no regresa a España

El Tribunal Constitucional español prohibió el nombramiento de Carles Puigdemont como presidente de Cataluña si no está presente en el acto. Es decir, si abandona su refugio en Bruselas. Por unanimidad, los once magistrados han dispuesto que el ex presidente de la comunidad catalana, no pueda ser investido a través de ceremonias telemáticas o por delegación de su voto en otro delegado.

El acto de asunción esta previsto para hoy en el Parlamento en Barcelona. El fallo implica una virtual suspensión del acto que el soberanismo había preparado.

En el caso de que Carles Puigdemont concurra a la Cámara no podrá ser investido si antes no obtiene una autorización judicial del magistrado Pablo Llarena del Tribunal Supremo del que está huido. En una palabra, tendrá que entregarse a la justicia, que ha ordenado su inmediato ingreso en una prisión madrileña, y después ir al Parlamento si el juez lo autoriza, una alternativa muy improbable.

También decidió que ninguno de los cinco diputados electos que se encuentra prófugos en Bruselas podrán delegar su voto en otros legisladores. Además, declara “nulo y sin valor alguno cualquier acto, resolución, acuerdo o vía de hecho que contravenga estas medidas”.

Además recuerda al presidente del parlamento catalán, Roger Torrent, y a los miembros de la Mesa de la Asamblea, “de las responsabilidades, incluidas las penales si desobedece estas ordenes del Alto Tribunal. Si optan por esta vía, se enfrentarán a los mismos problemas que tuvo en su día la expresidenta de la Cámara Carme Forcadell, imputada en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya por desobediencia. Además está procesada ante el Supremo por los mismos delitos que Carles Puigdemont.

Torrent, después de obtener el respaldo para Carles Puigdemont de la mayoría absoluta secesionista, hizo dos planteos: proponerlo como candidato a la votación y convocar al pleno de investidura para nombrarle el martes próximo. El Constitucional suspende los dos acuerdos. Debe entregarse y luego negociar si lo deja asistir.

Este ha sido un acuerdo entre los 11 magistrados que no consiguieron ponerse de acuerdo tras largas horas de debate sobre el tema principal. El recurso del gobierno contra la investidura del ex presidente destituido.

El Partido Popular celebró el “acuerdo unánime” del Tribunal. Sin embargo, es la primera vez que esta unanimidad en la lucha contra los secesionistas presenta grietas. Fuentes del PP destacaron que la resolución ”valora el propio reglamento del Parlamento de Cataluña frente al fraude que supondría la investidura a distancia. Añadieron que, con esta decisión, se ha “evitado una burla a la ley, al propio hemiciclo catalán y al resto de grupos políticos, cuyos derechos serían claramente vulnerados con una investidura sin presencia del candidato”.

La decisión del Alto Tribunal coincide con la del Consejo de Estado cuando no aceptó los criterios del ejecutivo de Rajoy por entender que el recurso era “preventivo”, una “hipótesis” sobre hechos que en realidad todavía no se habían producido. No había certezas totales de que Carles Puigdemont no se presentara en la investidura en Barcelona.

El temor de Mariano Rajoy, que esta decisión toma bien en cuenta, es que el ejecutivo destituido de Carles Puigdemont sea reelegido sin hacerse presente ante la Cámara y que el gobierno español tenga que presentar después otro recurso contra esa investidura. Los magistrados del Constitucional han adoptado el mismo criterio que el Consejo de Estado cuando rechazo el criterio del gobierno.

”A la vista de esta jurisprudencia, la impugnación de la propuesta del presidente del Parlamente de Catalunya, Roger Torrent, que se limita a proponer al diputado Carles Puigdemont como candidato a la presidencia de la Generalitat, o de una futura convocatoria de la sesión de investidura de dicho candidato, entraría dentro de lo que el Tribunal Constitucional considera impugnaciones preventivas o hipotéticas, habida cuenta de que no cabe sostener, más allá de una mera presunción, que el candidato propuesto no vaya a hacer acto de presencia en la Cámara”, sostenía.

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