Carta abierta por la reforma a la Ley de Educación Superior

El miércoles de la semana pasada, la Cámara de Senadores se reunió de apuro porque al Frente para la Victoria (FPV) se le ocurrió sancionar el Presupuesto 2016. No contentos con esta maniobra, aprobaron también el llamado “impuesto al cheque”, y para coronar la jugada, dieron sanción a una modificación parcial de la Ley de Educación Superior Nº 24.521. Dicha ley fue sancionada en el año 1995 con resistencia activa del movimiento estudiantil, y la oposición del sistema universitario en su conjunto. Tras 20 años de vigencia, la Ley de Educación Superior (LES) fue modificada parcialmente, pero nos deja sabor a poco.

Es curioso que el FPV haya decidido avanzar recién ahora en la modificación de esta ley, cuando este reclamo fue sostenido durante sus 12 años de gobierno. Lo que no causa es sorpresa: el kirchnerismo le introdujo cambios cosméticos para vender un triunfo que les permita remontar la crisis que produjo el resultado del 25 de Octubre. No obstante haber acompañado la sanción de la misma con voto afirmativo de ambos bloques de la UCR, entendemos que la modificación que necesitaba excedía ampliamente lo dispuesto en la versión final.

Si bien se establecen medidas de gran importancia, como la de establecer que “la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho humano personal y social”, todavía persisten en el articulado cuestiones como el piso de 50% para la representación docente en el cogobierno, lo cual impide la representación paritaria de docentes y estudiantes, o el sistema de evaluación a través de la CONEAU, cuya composición sigue contando con una mayoría de miembros externos al propio sistema universitario, en gran medida pertenecientes al Poder Ejecutivo o a las mayorías legislativas.

Pero el punto clave de esta maniobra se evidencia en la noticia que pretenden instalar desde el Gobierno, alegando que la UCR “votó en contra de la gratuidad” de la educación superior. Esto es falso, ya que la UCR propuso un articulo distinto que, además de garantizar la gratuidad de la educación superior, preservaba la autonomía universitaria de cualquier injerencia por parte del Poder Ejecutivo. En síntesis: mientras ellos planteaban que “el Estado nacional es el responsable de proveer el financiamiento, la supervisión y fiscalización de las universidades nacionales”, nosotros propusimos un artículo que diga “garantizando la autonomía universitaria, el Estado nacional es el responsable de proveer el financiamiento de las universidades.”

La votación en general –por unanimidad- estableció la gratuidad de la educación superior. La votación en disidencia particular, intentó poner un límite a la vocación autoritaria del Gobierno nacional, preservando la autonomía de nuestras universidades frente al poder de turno. La desesperación del Gobierno por sumar voluntades de cara al balotaje los hará decir barbaridades como estas, pero ya sabemos: “a otro perro con ese hueso”.

 

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