Código Procesal Penal: la reforma

En diciembre de 2014 fue promulgado el proyecto del nuevo Código Procesal Penal, que finalmente, habiéndose aprobado el paquete de leyes en el Congreso, entrara en vigencia en marzo del 2016.

La mismísima Cristina Fernández de Kirchner ordenó que el  tratamiento de la reforma del Código Procesal Penal sea lo suficientemente rápido.
Los temas a tratar para la reforma fueron varios. Desde la ley orgánica del Ministerio Público Fiscal y de la Defensoría Pública Nacional; de organización y competencia de la justicia nacional y federal. Hasta la modificación del Código Penal en materia de extinción de la acción.

Nos encontramos con algunos puntos claves dentro de la modificación del Código Procesal Penal, estos son:

CAUSAS MÁS BREVES

Las causas no podrán durar más de tres años. La instrucción en las causas se realizará como máximo en un año y el juicio oral debe realizarse entre cinco y treinta días una vez finalizada la investigación o instrucción.

PASAREMOS A  TENER UN SISTEMA ACUSATORIO

En la actualidad, se encuentra en vigencia el Código Levene, el cual tiene un sistema mixto, donde se presentan dos sistemas, el acusatorio y el inquisitorio.
En el actual sistema, el juez puede delegar las investigaciones a un fiscal o llevarlas a cabo por su cuenta.
En cambio, en el sistema acusatorio, las investigaciones serán llevadas a cabo por el fiscal, el juez deberá garantizar el proceso judicial.

ROL DE LA VICTIMA

La víctima y su familia, ya no serán meros querellante, sino que su rol cambia, ellos formaran parte del proceso. Tendrán por ejemplo, la libertad de decidir la dirección del proceso en cuanto el juez o el fiscal, no lo hagan. Como también podrán exigir medidas o proponerlas.

EXTRANJEROS

En el nuevo Código, se autorizara la expulsión de extranjeros en caso de que tengan cierto tipo de irregularidades en su situación migratoria.
Si son descubiertos in fraganti, cometiendo un delito, se los expulsara del país por 15 años, siempre y cuando no afecte a la reunificación familiar o algún fiscal se oponga.

La principal crítica de la oposición hacia este nuevo proyecto de reforma es en primer lugar, la potestad que se le otorga a la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó. Ya que por la nueva ley de Ministerio Público, se le conceden facultades discrecionales a la titular de la Procuración General, además del poder de nombrar a 2300 agentes. Estas iniciativas le dan espacio al oficialismo para poder nombrar conjueces y jueces subrogantes afines, en los juzgados que se encuentren vacantes y en los que fueron creados por ley pero que todavía no se encuentran en funcionamiento, sin tener que acordar con el Senado.

Para Donoso Castex, presidente de la Asociación de Fiscales, la reforma del Código Procesal Penal tendrá planteos de inconstitucionalidad, ya que este nuevo proyecto, implica un avasallamiento del poder judicial y no una optimización del sistema judicial, como el oficialismo intenta aparentar.
También apuntó contra la Casa Rosada por haber estado en los últimos meses, atacando, criticando e intentando desplazar a cualquier juez o fiscal que haya querido llevar a cabo alguna investigación.

A esta nueva reforma la bautizaron como el “blindaje judicial” que prepara el kirchnerismo para su retirada. Con la modificación del Código Civil y Comercial y el Código Procesal Penal, el Gobierno de la Nación, intenta una vez más, redimir a todos los funcionarios públicos que se encuentran con causas abiertas.
La nueva reforma ya fue aprobada por el Congreso, en tanto que el primero de marzo del 2016, comenzará a regir el nuevo Código Procesal Penal.

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