Comisión Bicameral para Reforma Tributaria

Un capí­tulo menor del proyecto de ley del blanqueo incluye una propuesta que es imprescindible para una mejora institucional profunda, pero lamentablemente esta propuesta se queda apenas a mitad de camino. Se trata de la creación, en el ámbito del Congreso, de una Comisión Bicameral para la Reforma Tributaria con el objeto de analizar una próxima reforma impositiva bajo la luz de la equidad fiscal, la progresividad y simplificación del sistema tributario, la coordinación federal y la previsibilidad de las polí­ticas fiscales del Estado.

Excelentes los objetivos (aunque no habría estado de más incluir la reducción de la presión fiscal y la eficiencia y neutralidad tributarias), y muy apropiado el ámbito de análisis, es decir, el Congreso de la Nación. Pero en la forma en que se la ha diseñado, esta Comisión Bicameral no sólo no alcanza. No sirve.

Es que la Comisión Bicameral para la Reforma Tributaria debe ser algo permanente y no sólo acotado al estudio de una supuesta reforma que el Poder Ejecutivo habría de enviar el próximo año. En el Congreso de la Nación urge el establecimiento de una entidad profesional, independiente de la política, que focalice en la calidad técnica y legal y en la medición de los efectos recaudatorios y económicos de toda la legislación tributaria existente y proyectada.

Hasta hoy el proceso legislativo en materia fiscal está movido por dos ejes rectores. El primero es el que marcan los objetivos políticos coyunturales (casi siempre del Poder Ejecutivo), que son impuestos en base a las mayorías propias o adquiridas por los oficialismos. El otro es el de la inercia recaudatoria, es decir, mantener –en su caso prorrogar- los impuestos que ya existen. En ningún caso se realiza en el Congreso (tampoco en el Poder Ejecutivo) análisis técnico alguno cada vez que se aprueba o prorroga un tributo. Y los resultados están a la vista: un sistema tributario absolutamente caótico, complejo, ineficiente por donde se lo mire, inestable, lleno de lagunas, bandazos y contramarchas y con una enorme cuota de evasión.

Algo muy distinto sucede en los Estados Unidos, donde el prestigioso Joint Committee on Taxation del Congreso se conforma con cinco legisladores de cada Cámara y un plantel profesional especializado, multidisciplinario y permanente. Cuando esta Comisión fue creada en el año 1926, se enfatizó “la necesidad de instituir un proceso por el cual el Congreso pueda ser mejor asesorado con respecto a los métodos y sistemas empleados en la administración de las leyes recaudatorias, con una visión a las necesidades legislativas futuras, de simplificación y clarificación de la administración y, en general, una comprensión más precisa del detalle de problemas que enfrentan tanto el contribuyente como la administración fiscal”.

El Joint Committee on Taxation cumple así un papel decisivo y muy activo en asistir al Congreso en el desarrollo y análisis de propuestas legislativas, elaborar estimaciones de recaudación de toda la legislación considerada por el Congreso, exponer los antecedentes históricos de los proyectos e investigar los aspectos del sistema tributario federal. Todos los años publica numerosos informes que son consultados en los ámbitos políticos, académicos y por los tomadores de decisiones del sector privado. Ya son clásicas sus publicaciones anuales que explican toda la legislación impositiva aprobada en el año, y el informe del costo fiscal (recaudación dejada de cobrar por exenciones y exclusiones) proyectado para el quinquenio siguiente.

Las respectivas comisiones de Presupuesto y Hacienda de cada Cámara no alcanzan a cumplir esta función, pues carecen de personal calificado permanente y responsable de mirar el sistema tributario en su conjunto. Basta con leer los dictámenes de comisiones y el mensaje del Poder Ejecutivo referidos a la última modificación importante de la Ley del Impuesto a las Ganancias (la Ley 26.893, que gravó los dividendos y los resultados de compraventa de acciones) para entender qué tan a ciegas acostumbra a trabajar el Congreso en estos temas.

La calidad técnica de las normas tributarias significa mejor recaudación, más equitativa y eficiente. También significa menor litigiosidad y menor espacio para la corrupción. Por ello considero que es imprescindible replantear en el proyecto de Ley de Blanqueo la propuesta de Comisión para la Reforma Tributaria y aprovechar esta oportunidad para comenzar a iluminar la legislación impositiva futura.

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Comentarios

2 Comentarios

  1. Si el objetivo es realmente la simplificación impositiva (que es para mi lo deseable), se torna absolutamente innecesaria ninguna “comisión”. Créese un sistema de impuestos simples sin excepciones y anúlense todos los anteriores.
    Habiendo impuestos de nivel nacional, provincial y municipal , basta al Congreso definir uno único de nivel nacional y que las legislaturas provinciales y municipales hagan lo propio. Esencialmente toda multiplicidad superior a 3 es barroquismo y conflictividad.

    La “comisión”, con director, planta permanente y reglamento, transpira burocracia y el gasto consiguiente (no se trata de algo ad-honorem evidentemente)
    La “comisión” en definitiva es un intermediario innecesario entre los legisladores y todas las instituciones que se “autoriza” consultar en el art 79 de la propuesta.

    La asistencia técnica a los legisladores debe provenir de los equipos técnicos de sus partidos no se necesitan otros. La funcionalidad de los partidos debe suceder a la visión actual de legisladores que son o bien
    a) apéndices de un partido/lider y votan sin discusíón:
    o bien su opuesto
    b) punteros independientes que votan según asesores personales pagos.
    Cuando los partidos sean centros de elaboración conceptual la república habrá crecido en calidad. .

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