Constitución y traspaso: pros y contras de un hecho histórico

Después de la creación de la Constitución de la Ciudad en 1996, finalmente, el lunes pasado la Legislatura Porteña aprobó el traspaso de 19.000 agentes de diversos sectores de la Policía Federal al ámbito de la Ciudad, para crear una nueva fuerza policial dentro de un año, sumando a los agentes de la Policía Metropolitana. Para poder realizar el traspaso, el presidente Mauricio Macri, firmó un decreto simple para traspasar fondos coparticipables de la Nación hacia la Ciudad, aumentando así del 1,4% que se recibía anteriormente, a 3,7% que se pasará a recibir en la actualidad.

Este traspaso es una deuda que tenía el Poder Ejecutivo Nacional con la Ciudad autónoma de Buenos Aires desde hace 20 años, cuando se modificó la Constitución Nacional y se conformó la autonomía de la Capital Federal, con la creación de su respectiva Constitución, otorgando así la potestad de tener su propia Policía, que dependa del Poder Ejecutivo de la Ciudad, como así lo indica el capítulo octavo de la Constitución de la Ciudad.   

Esta deuda que se tenía con la Ciudad, no es exclusiva para con la seguridad: también debe aplicarse el traspaso del puerto, del juego, de la IGJ y de la Justicia, entre otros. La Convención Constituyente de la Ciudad de Buenos Aires, que sancionó la Constitución de la Ciudad autónoma, expresó, en 1996, que los únicos límites de la Asamblea eran los del artículo 129 de la Ley Suprema (“La ciudad de Buenos Aires tendrá un régimen de gobierno autónomo, con facultades propias de legislación y jurisdicción, y su jefe de gobierno será elegido directamente por el pueblo de la Ciudad. Una ley garantizará los intereses del Estado Nacional mientras la Ciudad de Buenos Aires sea capital de la Nación”), que se rechazaban por inconstitucionales las limitaciones efectuadas por las leyes 24.588 (de garantías del Estado Nacional)  y 24.620 (de convocatoria a elecciones), que se reivindicaban como propias las facultades para convocar a elecciones legislativas en la Ciudad y que se solicitaba al Congreso la urgente modificación de la primera de las leyes citadas para garantizar la plena autonomía.

La falta de autonomía para con el Estado de la Ciudad, no sólo es una clara falta a la Constitución Nacional, sino también es una muestra de las debilidades que tuvieron los gobiernos sucesivos: entender que la Ciudad es el segundo distrito con mayor cantidad de población (casi 3,5 millones de habitantes), el segundo que más aporta a la ley de coparticipación federal (aproximadamente un 25% y recibe solo el 3,7%)  y por la falta de federalismo histórico del país, es el centro de casi todas las operaciones económico – financieras y hogar del gobierno central y todas sus dependencias. No sólo eso: una gran cantidad de jueces federales se desempeñan en acciones para la Ciudad de Buenos Aires y por día, en la Ciudad, circulan casi 7 millones de personas.

Además de ésto, se han escuchado voces de gobernadores de diversas provincias en contra de este decreto, que según ellos, es una muestra de unitarismo: “porque las provincias tenemos que mantener la policía y la justicia de los porteños” se ha traslucido luego de reuniones de dichos mandatarios con el presidente de la Nación. Pero, es un error pensar de esa manera: es solo cumplir con la Constitución Nacional y de la Ciudad que todas las atribuciones que pasan de la autoridad nacional a la Ciudad deben realizarse con los fondos correspondientes, como indica la ley suprema. Que haya que rediscutir la ley de coparticipación federal, no debe dar lugar a debates del siglo 19, de Unitarios vs Federales (vale recordar que el gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, era Federal), más bien debe interpretar la necesidad de la Ciudad de Buenos Aires, de ser como las provincias, en cuanto a poseer su propia Justicia, seguridad, puerto y demás.

¿Nueva Policía y viejas mañas?

Si bien el traspaso es necesario, los porteños deben saber qué es lo que están recibiendo y ese es el punto en contra: agentes de la cuestionada Policía Federal Argentina. Una fuerza que es cuestionada por connivencia con el narcotráfico, por liberar zonas, por hacer arreglos con trapitos y manteros, por cobrar peaje a comerciantes barriales y algunos negocios más grandes, por causas grandes de corrupción en general.

El traspaso puede resolver o no esas cuestiones. Debe haber una cabeza que se comprometa a cambiar la cultura de los integrantes de las fuerzas de seguridad. El cumplimiento de la ley debe ser a rajatabla por parte de los agentes y sus jefes y no servir para acuerdos espurios.  Más agentes en la Ciudad, no son garantía de mayor seguridad

Porque una mayor cantidad de policías no resuelve la inseguridad, sino un Estado presente en aquellos sectores vulnerables de la sociedad, que brinde educación y salud de calidad, viviendas dignas y servicios básicos para los ciudadanos y un trabajo para poder  desempeñarse como un ciudadano con todos los derechos.

Se necesita que se realicen los cambios necesarios en temas de seguridad y no cambios de cúpula que sólo cambian los nombres, pero no las mañas. Es necesario cambiar la óptica de las fuerzas de seguridad e iniciar una nueva fuerza debe ser el primer paso para cambiar la realidad existente.

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