El mal precedente que puede dejar el caso de Cristóbal López

Hace unos días, los jueces de cámara Eduardo Farah y Jorge Ballestero resolvieron que el caso de Oil Combustibles era un caso meramente tributario y no un delito penal contra la administración pública, cambiando la carátula a evasión, un delito tributario, extinguiendo la acción penal pagando una multa y evitando definitivamente la prisión. Si bien AFIP apeló el fallo, el empresario Cristóbal López, fuertemente vinculado al gobierno anterior, quedó en libertad al igual que su socio, Fabián De Souza.

Pero yo no soy abogado ni juez para criticar el cambio de carátula sino economista. Y como tal, expreso lo que se genera a través de esta acción. Deshojando lo acontecido en la causa, se observa que la empresa perteneciente al Grupo Indalo se apropió de forma fraudulenta (pasó a ser apropiación indebida) de impuestos a la transferencia de los combustibles pagados por los consumidores. Para el momento de la apertura de la causa, el monto era superior a los $8.000 millones.

El error aquí suscita en comprender que el tributo mencionado no es como el IVA o el impuesto a las ganancias, donde las empresas funcionan como agentes de retención y luego realizan las declaraciones juradas correspondientes o les retienen a los empleados para el momento correspondiente, girar el dinero a la AFIP. El llamado coloquialmente “impuesto a las naftas” tiene una liquidación mensual acorde a artículo 8 de la Ley 26.028. La reglamentación citada, indica en el artículo 11 que “El impuesto de esta ley, contenido en las transferencias o importaciones de combustible gravado no podrá computarse como compensación y/o pago a cuenta de ningún tributo nacional vigente o a crearse”, entendiéndose que no hay motivo para la retención por un plazo mayor del que indica en el cuerpo del texto.

Pero más allá de lo jurídico, las aberraciones económicas como estas generan un presente negro. Aquel que posee un comercio tiene que pagar todos los impuestos para poder funcionar con la amenaza que no pueda continuar con su labor. Si un cuentapropista no paga el monotributo por un corto plazo, se lo da de baja del régimen simplificado y no puede facturar, por ende, no percibe más ingresos. Y varios etcéteras. Lo que este fallo alcanzaría a generar es una rebelión fiscal, entendida como una protesta de los ciudadanos, los cuales podrían dejar de pagar sus tributos en represalia. Y así continuando una espiral negativa para el Estado que lo llevaría a una brutal caída de sus ingresos.

En una instancia mundial donde se cierran paraísos fiscales y se contribuye a la transparencia global, fallos como este o la presencia de funcionarios con cuentas off shore poco ayuda a motivar un blanqueo fiscal, sino todo lo contrario.  Donde hay cada vez más organizaciones de la sociedad civil que luchan contra la corrupción -la cual genera una enorme desigualdad- no hay que dejar pasar la oportunidad de poner en raya a las deficitarias cuentas del Estado. Hay que ser ejemplo y la AFIP debe tender a que todos los ciudadanos paguen los impuestos que le corresponden, para poder cambiar progresivamente la pirámide tributaria y bajar la presión fiscal y el afamado “costo argentino”

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