En la Venezuela de Maduro, la división de poderes es una farsa

En diciembre último, luego que la Mesa de Unidad Nacional (MUD) haya ganado dos terceras partes de la Asamblea, numerosas voces indicaron que finalizaba la indiscutida hegemonía del chavismo sobre territorio venezolano. El avance opositor, junto a una grave crisis económica que socava la popularidad presidencial, daban a entender que el modelo socialista estaba herido de muerte.

Sin embargo, resultó un grave error subestimar a los líderes bolivarianos, quienes aprovechan todo resorte institucional con el único fin de mantenerse en el Gobierno. Concretamente, Nicolás Maduro halló a su nueva gran aliada en la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, órgano encargado de bloquear cualquier ley que desagrade al jefe de Estado.

Mencionemos algunas de las decisiones tomadas en los últimos días por dicho órgano.

El 31 de marzo, falló en contra de una norma mediante la cual el titular del Banco Central sería designado por los diputados, ya que, según comprendieron los jueces, tal decisión vulneraba la autonomía de un ente que debe trabajar junto al Poder Ejecutivo. Aunque el argumento resulte paradójico, así vio la luz.

Poco después, se declaró inconstitucional a la Ley de Amnistía y Reconciliación, aduciéndose que la Asamblea Nacional está incapacitada para decretar el sobreseimiento de los autores de crímenes de lesa humanidad. En este marco, mientras el cuerpo colegiado postula que Leopoldo López y Antonio Ledezma -así como otras 76 personas- cometieron delitos de extrema gravedad, sus familiares consideran que resultaron apresados por ejercer libremente sus derechos políticos.

Asimismo, y previendo una posible enmienda de la Constitución que limite el período presidencial a cuatro años, la máxima instancia judicial declaró el pasado lunes que ninguna reducción del mandato puede ser aplicada con carácter retroactivo. De esta forma, Maduro debería dejar el Palacio de Miraflores antes de 2019 sólo si la oposición triunfa en un referendo recovocatorio.

Maduro, fiel guardián del verticalismo bolivariano

Precisamente, la MUD impulsa la concreción de un plebiscito por el cual la ciudadanía establezca si el presidente debe permanecer en su cargo, o bien dimitir. A tal razón, y  luego de protestar durante numerosas jornadas ante un Consejo Nacional Electoral inmóvil, recién ayer obtuvo el formato de las planillas necesarias para juntar cuatro millones de firmas y huellas dactilares, e iniciar el proceso electoral, de acuerdo a lo estipulado por la carta magna.

Cabe esperar que las autoridades del organismo demoren los plazos, buscando que los comicios no puedan ser realizados antes que Maduro cumpla cuatro años en sus funciones, cuando, en caso de verse obligado a dejar el cargo, fuese sucedido por el vicepresidente primero, y no un candidato triunfante por votación popular, tal como pretende la oposición.

Queda claro que el jefe de Estado se vale de un esquema institucional mayoritariamente acólito. Dado que su capacidad de veto pierde todo sentido frente a un contingente opositor capaz de neutralizarla, Maduro logra que las leyes sean rechazadas por una Sala Constitucional afín, mientras se mantiene en su sillón gracias a la complicidad de las máximas capas electorales.

Desde sus orígenes, el formato bolivarianista indica que los componentes de la estructura institucional deben actuar unidos, en pos del progreso del país y la felicidad del pueblo. Bajo esta idea, se busca transformar al esquema de división de poderes en letra muerta.

Siempre que Ejecutivo y Legislativo continúen participando de este juego de suma cero, el primero de los actores saldrá victorioso gracias a la ayuda de sus comodines jurídicos. Y Venezuela será una república sólo en la formalidad.

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