Germán Moldes pedirá que Cristóbal López vuelva a prisión

El fiscal general ante la Cámara Federal Germán Moldes, pedirá a la Cámara de Casación que Cristóbal López vuelva a prisión y que se retome la calificación penal original.

De esta manera, Germán Moldes retomará el planteo de la AFIP, que se mostró contraria a la decisión de la Sala I de la Cámara Federal de liberar a López y a su socio Fabián De Sousa.

Por cuestiones de procedimiento legal, el pedido de Germán Moldes y de la AFIP  no irá directo a Casación, ya que el máximo tribunal penal no tiene competencia en el cambio de calificación o la excarcelación a menos que sea enviado allí por la Cámara Federal. Como se presume que la Sala I rechazará el pedido de la fiscalía y la querella, ambos podrán presentarse “en queja” ante Casación.

En Casación el caso será tratado por los jueces Ana María Figueroa, Gustavo Hornos y Eduardo Riggi tendrán que decidir sobre el futuro de los empresarios. Riggi ya intervino en esta causa y votó en favor de que la investigación permaneciera en los tribunales federales y no el fuero en lo Penal Económico.

López y De Sousa están acusados de defraudación al Estado por $8.000 al haber omitido el pago del impuesto al combustible de las estaciones de servicio Oil, dinero con el cual se habrían financiado para expandir el Grupo Indalo.

Germán Moldes se suma al pedido de la AFIP

La AFIP apeló hoy el fallo de la Sala I de la Cámara Federal que días atrás permitió la libertad del empresario Cristóbal López y el cambio de acusación en su contra, en el marco de la causa por el no pago de 8.000 millones de pesos de impuestos por el expendio de combustibles de la empresa Oil Combustibles.

La entidad ya había anticipado esta intervención por medio del abogado Ricardo Gil Lavedra, quien advirtió: “Vamos a apelar a Casación ya que el año pasado esa cámara ya había determinado que debía intervenir el fuero penal para que Cristóbal López pague sus impuestos y que señalaba que había que investigar la relación entre el empresario y los Kirchner”.

“Resulta muy importante para consolidar una ciudadanía fiscal responsable que se apliquen con todo rigor las sanciones penales correspondientes a quienes han defraudado al Estado de modo tan ostensible y desprejuiciado”, dice al inicio el texto de la AFIP.

Además la Administración Federal de Ingresos Públicos, dijo haber asumido “la representación de millones de contribuyentes indignados que consideran estéril su esfuerzo fiscal si hechos de esta naturaleza quedan, por la arbitrariedad de los jueces, sin sanción alguna”.

Gil Lavedra sostuvo en el texto presentado en Comodoro Py que la decisión de Ballestero y Farah implica “una virtual extinción de la investigación, erigiéndose como una suerte de sobreseimiento ‘encubierto’” en favor de López y De Sousa.

En cuanto al cambio de calificación, el letrado explicó que se hizo “en forma totalmente arbitraria e infundada” y “en contra” de lo que había dicho Casación, “permitiría a los empresarios imputados extinguir la acción penal por pago, a través del régimen instituido por la Ley 27.260, lo que acarreará inevitablemente la extinción también de la acción para los funcionarios públicos que organizaron la maniobra delictiva” como Echegaray.

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