Gritos mudos para oídos sordos. La Asamblea Nacional, en rebelión

Ayer la Asamblea Nacional venezolana, dominada por la oposición, resolvió ‘declarar la ruptura del orden constitucional y la existencia de un golpe de Estado cometido por el régimen de Nicolás Maduro en contra la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el pueblo de  Venezuela’, y ‘formalizar la denuncia ante la Corte Penal Internacional y demás organizaciones que sean competentes, en contra de los […] funcionarios responsables de la persecución política al pueblo de Venezuela’.

Este hecho, realizado en respuesta a la decisión del Consejo Nacional Electoral venezolano de paralizar el proceso de revocatorio en contra del Presidente Maduro, exhibe como nunca antes el grado de división y enfrentamiento de los diferentes sectores políticos del país caribeño.

Como suele ocurrir de un tiempo a esta parte en ocasión de cada decisión de envergadura que se adopta en Venezuela, y esta vez no fue la excepción, la violencia se hizo presente y militantes partidarios del Ejecutivo violentaron los accesos de la Asamblea Nacional con el objetivo de impedir la realización de la sesión.

Mientras tanto los países de la región y las organizaciones regionales siguen siendo observadores de privilegio de una situación cada vez más grave y que parece no tener fin. Y esto es percibido por ambos sectores, puesto que tanto el chavismo como la oposición buscan apoyos externos que ayuden a fortalecer sus posiciones. Mientras Maduro recorre Oriente Medio con el declarado objetivo de promover el aumento del precio del barril de petróleo y así poder obtener el ingreso de divisas que lo ayuden a paliar la compleja situación socioeconómica en la que se debate Venezuela, la oposición apela a la comunidad internacional en su conjunto a quien solicitan ‘la activación de todos los mecanismos que sean necesarios para garantizar los derechos del pueblo de  Venezuela, en especial su derecho a la democracia’.

Sin embargo pareciera que esos gritos llegan a oídos sordos, puesto que no ha habido organización regional alguna que haya actuado de manera enérgica y contundente en pos del mantenimiento de la democracia venezolana y los diferentes pronunciamientos no pasan de ser palabras de ocasión que pretenden decir mucho pero no dicen nada.

Ni la OEA, ni UNASUR ni MERCOSUR han estado a la altura de las circunstancias que esa viviendo el pueblo venezolano y eligen hacer como si nada ocurriera. Las tres organizaciones, de las cuales Venezuela es parte y que tienen en su seno Cartas Democráticas que establecen contenidos mínimos de cumplimiento para poder ser parte de la organización, siguen sin accionar de manera concreta. Sus manifestaciones públicas se reducen a avisos y amenazas que, a la luz de los hechos está, no logran influenciar de manera determinante en el accionar político nacional.

El PARLASUR ha sido el único organismo regional que, aunque de manera tímida, ha tomado posición al respecto, pero dada las discrepancias que se viven en su seno, tampoco lo hizo de manera contundente.

Si estos organismos son lo que sus miembros dicen que son, es momento de demostrarlo y asumir las responsabilidades políticas de la hora. Ya no se puede ser un observador privilegiado, la situación es de tal gravedad que requiere de la implicación directa de las organizaciones regionales.

En la misma sesión que, paradójicamente, una institución de la República decide declarar de manera democrática el fin de la democracia en Venezuela, se decidió convocar a una nueva sesión para el próximo martes 25 de octubre  ‘para determinar la situación constitucional de la Presidencia de la República y […] para evaluar y decidir sobre la materia’.

La situación es compleja, y se complejizará aún más. Venezuela no tiene en su Constitución la figura del impeachment, por lo que la salida a la brasileña no es posible.  Sí prevé la Carta Magna el juicio por responsabilidad política contra el Presidente de la República, tal como lo reseña en su artículo 222, y esta declaratoria la debe efectuar la Asamblea Nacional. En ese sentido parece que es la convocatoria de sesión especial para el próximo martes, sin embargo el proceso es largo y, a diferencia del reciente caso brasileño, no se aparta al Presidente durante la investigación. Otra alternativa, ya no constitucional sino prevista en el artículo 143, numeral 2, del Código Procesal Penal, es acusar a Maduro de ‘conspiren o se alcen para cambiar violentamente la Constitución de la República’, situación que para algunos dirigentes se da ante la postergación de las elecciones o la suspensión del revocatorio. En cualquiera de los casos, la resolución no será en el corto plazo y la cuerda ya está tensada por demás.

Es momento entonces del ámbito regional. Si internamente los venezolanos no pueden alcanzar consensos que logren destrabar la situación de bloqueo entre gobierno y oposición, deben ser las organizaciones regionales, con MERCOSUR y UNASUR al frente quienes exploren y hallen vías de acción que propicien el entendimiento y el respeto a las leyes.

En diferente medida, ambas organizaciones tienen la esfera de la construcción política entre sus razones de ser, es momento de dejar de proclamarlo en papel para pasar a ejecutarlo en la realidad. Los venezolanos lo están necesitando, los restantes miembros de las organizaciones lo estamos reclamando.

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