Hugo y Pablo Moyano, imputados por presunto lavado de dinero

La fiscal federal de Quilmes, Silvia Cavallo, imputó este miércoles a Hugo y Pablo Moyano,  su hijo, por presunto lavado de dinero.

La investigación es en el marco supuesta utilización del Club Atlético Independiente, del que Hugo y Pablo son presidente y vice respectivamente, para blanquear dinero de las empresas de su entorno familiar.

La causa deriva de las declaraciones de algunos barras del club, como Pablo “Bebote” Álvarez, que están imputados por asociación ilícita e involucraron a Hugo y Pablo Moyano.

Desde entonces, al tratarse de un delito federal, la causa fue derivada por el magistrado Gabriel Vitale, quien interviene en el proceso de los barras, al juzgado federal de Quilmes, a cargo de Luis Armella.

La citación y los antecedentes contra Hugo y Pablo Moyano

El juez federal Alejandro Sánchez Freytes citará en los próximos días a indagatoria al sindicalista Hugo Moyano , imputado por el fiscal Gustavo Vidal Lascano en diciembre pasado por presunto lavado de dinero y defraudación en la compra – venta de inmuebles en esta provincia. Además del titular del sindicato de Camioneros hay otras tres personas imputadas.

Fuentes del Juzgado confirmaron que, aunque no hay plazos para la citación, será a la brevedad. Y tanto desde esa instancia como desde la Fiscalía, insistieron en que la causa “no tiene ninguna relación con el protagonismo mediático y los otros procesos” ya que esta denuncia es “de mucho antes”.

Vidal Lascano confirmó que recibió en 2016 la denuncia de parte de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) y que realizó una serie de medidas “vinculadas con oficios a bancos y a empresas que demoraron” por lo que la imputación salió en diciembre.

Carlos Gonella, titular de la Procelac en ese momento, recordó que el dictamen tiene unos cuatro años y se originó en un reporte del Registro Público de la Propiedad que detectó “diferencias” en el valor de inmuebles y lo elevó a la Unidad de Información Financiera (UIF), de donde lo recibió la Procuraduría.

La UIF envía a la Procelac el material el 24 de octubre de 2014; el primer decreto de la Fiscalía es el 15 de marzo de 2015 y el dictamen de imputación data del 29 de diciembre de 2017. Llegó al juzgado después de la feria, el 5 de este mes.

El eje de la causa es la compra por parte del Sindicato de Choferes de Camiones en diciembre de 2013 de terrenos en La Falda (en Punilla, a unos 70 kilómetros de la capital provincial).

Pagó 6 millones de pesos por cinco inmuebles que habían sido adquiridos por otra persona dos meses antes por unos 310.000 pesos. La base imponible de los terrenos era de 964.553 pesos. La brecha entre las operaciones es lo que origina la sospecha que termina en denuncia.

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