Impeachment, claves de una crisis de impacto regional

Los resultados de la votación en la cámara de diputados brasilera el domingo pasado plantean el fin del ciclo de más de 13 años del Partido de los Trabajadores (PT), liderado por Luiz Inácio “Lula” Da Silva, en Brasil. El resultado de 367 votos contra 137 a favor del juicio político o Impeachment, a la presidente Dilma Rouseff, con el apoyo de personalidades clave dentro del PT como el fundador del partido, el jurista Helio Bicudo, exhiben una crisis no sólo política, sino también moral de la fuerza política que hasta hace pocos años atrás asomaba desafiante en el concierto de las naciones.

En la historia reciente, el Brasil de Lula que lideraba los BRIC’s supo erigirse como interlocutor de un tercer mundo renovado, interpelando a los líderes mundiales con su enorme mercado y fuerte demanda, que en tiempos de precios excepcionales para las commodities en el mundo, parecía imparable. Ahora es difícil recordar ese pasado de gloria puesto que el contexto internacional ha cambiado y la corrupción, el despilfarro cortoplacista y el desmanejo de las cuentas públicas han puesto a la heredera política de Lula frente al abismo, aislada políticamente y sin margen de maniobra, a la merced de un Congreso hostil.

Concretamente los motivos formales para el Impeachment se basan en un tecnicismo fiscal, ya que la denuncia consiste en que Rouseff usó fondos de bancos públicos para cubrir programas que eran responsabilidad del gobierno, autorizando gastos no presupuestados sin consultar al Congreso entre el 2014 y el 2015 con el fin de maquillar y equilibrar el flujo económico, constituyendo un “crimen de responsabilidad”. De esta forma la presidente en un año electoral y a comienzos de su segundo mandato consecutivo, manipuló las cuentas del Estado para ocultar la magnitud de los déficits, según un fallo reciente del Tribunal de Cuentas. No obstante las razones que colocaron a Dilma a un paso de la destitución y al gigante latinoamericano en su peor crisis desde el crack del ‘29 son de mayor envergadura y resonancia pública, puesto que son resultado de una combinación de crisis económica, crisis política y crisis moral.

Crisis económica puesto que ya van dos años consecutivos de enfriamiento. Brasil no crece inmerso en una de las peores recesiones de su historia. Con el desplome de las materias primas en el mundo y la fuga de capital, agregados a una gran desprolijidad en el manejo de las cuentas públicas, Brasil enfrenta dos dígitos de desempleo y otros dos de inflación. Durante el 2015 su economía cayó un 3,8% y se proyecta una suma similar para el corriente año, según pronósticos del Banco Mundial y del FMI. El déficit fiscal es abultado y el estancamiento ha impactado fuertemente en la opinión pública que exige un recambio de toda la dirigencia en las calles. Los mercados reclaman sinceramiento económico y ajuste, de la mano de una reforma impositiva, todas políticas tan necesarias como impopulares. Según datos del Instituto Peterson para la Economía Internacional, un escenario optimista prevé que Brasil se recupere en 5 años, de otra manera habrá que esperar 10 años para que su economía sane.

Crisis política ya que si bien Dilma Rouseff obtuvo la victoria en las elecciones presidenciales de fines de 2014, el Congreso renovado quedó atomizado. La ciudadanía con su voto reeligió a Rouseff pero pulverizó a los grandes partidos, dificultando la gobernabilidad. Tanto el PT como el PMDB (Partido del Movimiento Democrático Brasileño), ambos parte de la coalición victoriosa, se encogieron al tiempo que hubo un crecimiento de pequeñas y medianas agrupaciones. De hecho ya en octubre de 2014 se advertía de manera profética que si los partidos chicos formaran una alianza, superarían a los grandes con facilidad. Por esto cuando a comienzos de este año el PMDB, el partido del vicepresidente Michelle Temer, decidió alejarse de Dilma, el sí al Impeachment en Diputados ya era un hecho. El PMDB es el segundo partido con mayor representatividad en el Congreso, al tiempo que es la fuerza política de mayor alcance territorial. A sus filas pertenecen Eduado Cunha, presidente de Diputados y Renan Calheiros, presidente del Senado; ambos involucrados en casos de corrupción y determinantes en las votaciones decisivas para la destitución de la presidente.

Finalmente, crisis moral por el escándalo desatado por la corrupción asociada a la empresa estatal brasilera Petrobras que expuso la venalidad de la política en general. Casualmente la única no acusada de enriquecimiento personal es la misma Dilma, no obstante se enfrenta a serias acusaciones por parte de arrepentidos que la han mencionado en sus declaraciones. Además de que ella cuenta con una demanda ante el tribunal electoral por financiamiento ilegal de su campaña por la reelección con dinero de la petrolera, una causa que si avanza puede afectar al vicepresidente y a numerosos legisladores. Ante esta crisis destaca el rol del poder judicial, específicamente del Juez Federal Sergio Moro quien es considerado como un héroe en manifestaciones masivas que acompañan con fervor el proceso de regeneración de la política desde la justicia. De hecho, Moro ya envió a 134 personas destacadas a prisión, llegando a procesar hasta al mismo Lula siempre con gran apoyo popular.

Ante este difícil panorama, Dilma Rouseff ha quedado actuando en solitario, sin un claro apoyo aliado y sin demasiadas herramientas para negociar en el Senado. Su estrategia actualmente pasa por convocar a las minorías activas que aún la acompañan para que inunden los espacios públicos, en un llamado a la “resistencia” que reluce por sus tintes antidemocráticos. En este contexto resalta el aislamiento diplomático del PT, cuyos aliados regionales no han podido convocar a una cumbre de la UNASUR a los fines de manifestar su respaldo al “lulismo” y a exhibir fuerza colectiva, puesto que los cambios políticos en América Latina no han sido beneficiosos para el eje bolivariano, cada vez más lejos de las demandas populares.

El Impeachment es un procedimiento legal y constitucional, que es afín a los principios democráticos y permite juzgar y condenar incluso a quien tiene la legitimidad popular de origen, tal es el caso de Dilma. Es propicio subrayar que quien inicia este proceso es el espacio representativo del pueblo por excelencia: la cámara de Diputados. No obstante significa un proceso largo y tortuoso con grandes costos asociados. Una consecuencia positiva sería que la destitución permita un normal funcionamiento del Congreso, que facilite su desbloqueo favoreciendo que se lleven a cabo reformas básicas y necesarias para superar la crisis. De hecho se puede suponer que si Rouseff sale indemne del proceso judicial en su contra, se favorecerá la gobernabilidad en un llamado a la responsabilidad opositora.

Es inquietante tanto para Brasil como para la región el hecho de que en el actual estado de cosas, el gobierno brasilero no podrá tomar decisiones de peso, menos aún a largo plazo, con lo cual la parálisis se va a extender durante el proceso de Impeachment y previsiblemente hasta el llamado a nuevas elecciones presidenciales. Si bien Temer está preparando su gabinete las encuestas expresan que la ciudadanía juzga al vicepresidente con prácticamente el mismo rigor que a Dilma. Un dato no menor considerando la magnitud del despertar cívico brasilero. Es por esto que se especula con un llamado a elecciones que invista de legitimidad a un nuevo gobierno, capaz de generar consensos a los fines de superar exitosamente la actual transición. Es así que las expectativas no pueden más que centrarse en que se fortalezcan las instituciones brasileras tras este proceso de cambio, en una nueva etapa en la cual tanto la política como la opinión pública actúen responsablemente a la altura del rol natural de Brasil en la región.

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