Jujuy: ordenaron detener al exgobernador Eduardo Fellner por corrupción

El juez de Control 4 de Jujuy, Isidro Cruz, ordenó el miércoles detener al exgobernador de esa provincia, Eduardo Fellner, por el desvío de 1.300 millones de pesos de la construcción de viviendas sociales que la Tupac Amaru habría cobrado para levantar 2.200 viviendas, pero que no habría realizado.

El magistrado solicitó arrestar a otras cinco personas: Luis Cosentini, exministro de Tierra y Vivienda; Lucio Abregú, extitular del Instituto de Vivienda y Urbanismo (IVUJ); Héctor Carrizo y José Mercado, exintegrantes de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP); y Claudia Trenque, exescribanía de la Tupac Amaru.

La policía fue al domicilio del ex Gobernador de Jujuy Eduardo Fellner para hacerle saber sobre su detención pero el ex gobernador no se encontraba en su casa.

En octubre de 2017,  Fellner se había presentado ante la Justicia para notificarse de la ampliación de la imputación en su contra en el marco de la “megacausa”.

“Técnicamente no apareció nada”, respondió Fellner a la prensa cuando en la puerta del Juzgado de Control número 4 fue consultado sobre el trámite que cumplió hoy, del que se llevó, dijo, una copia de la ampliación de la imputación en su contra “de más de 200 fojas”.

El exmandatario estaba imputado por los delitos de abuso de autoridad en concurso ideal con falsedad ideológica de instrumento público, ambos a su vez en concurso real con coautoría de fraude a la administración pública.

Las organizaciones sociales recibían cheques a su nombre y Sala -de acuerdo con la denuncia- las obligaba a que los endosen a favor de personas de su extrema confianza que luego cobraban ese dinero en la ventanilla del banco. La administración de Morales estima que, sólo en el rubro viviendas, se desviaron con destino desconocido unos 1.200 millones pesos, con los que se podrían haber hecho más de 2.000 viviendas. Según, el fiscal Cussel estaría probado que no fueron construidas.

En la denuncia contra Fellner, el dirigente de la Coalición Cívica, José María Albizo sostuvo que el entonces gobernador no podía desconocer el destino de dichos fondos y en caso de sospechar de una maniobra ilícita estaba obligado a denunciarlo y no lo hizo.

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