Justicia Federal a Ciudad sin votar ley

El fuero nacional penal y el laboral (ahora en la mira del oficialismo) serán los primeros en el traspaso de la Justicia Federal a la Ciudad. Iniciarán un “operativo seducción” a jueces para que comprendan que la decisión política de avanzar es inexorable.

La decisión política de avanzar con el traspaso de la Justicia Federal a la órbita de la Ciudad de Buenos Aires es un hecho. El tema sigue siendo el cómo, ante la fuerte resistencia de los jueces, que ya expresaron que no aceptarán un cambio de status. El Gobierno nacional evalúa intentar que el Congreso apruebe la ley para efectivizar la transferencia de la Justicia Federal a la Capital Federal, a través del proyecto que ingresó al Senado, aunque no tiene fecha aún para su tratamiento. Pero si eso no funciona, ya tiene decidido hacer el traspaso de forma compulsiva, a través de convenios entre Nación y Ciudad que les permitan sortear un traspié legislativo. Equiparación salarial, Impuesto a las Ganancias y sistema disciplinario son los principales escollos que enfrentará el proceso. Desde el Ejecutivo confían en poder subsanarlos para iniciar -en un trabajo de hormiga- el operativo seducción para los magistrados.

El plan tiene como autor al ministro de Justicia, Germán Garavano. El Gobierno confirmó que el fuero penal nacional y la Justicia laboral serán los primeros objetivos. Este último quedó en la mira del oficialismo, luego de las declaraciones del presidente Mauricio Macri y del jefe de Gabinete, Marcos Peña, en los que reclamaron un criterio «más equitativo» en los fallos, y culparon a la Justicia laboral por la falta de creación de empleo.

El primer desafío para Cambiemos es que primero la Cámara Alta y luego Diputados le den el visto bueno a la modificación de la Ley 24.588, conocida como ley Cafiero, a la que se suma el traspaso de Registro Inmueble y de la IGJ, encargada del registro de sociedades. Después de que la Legislatura lo rubrique, el proceso demandaría otros 18 meses para la migración de fueros, donde el tema presupuestario sigue estando al tope de los interrogantes a despejar. Pero el oficialismo tiene un plan B, ante la declarada resistencia de los magistrados y de los gremios de empleados judiciales, que ya se han expresado en contra de pertenecer orgánicamente a la Ciudad, y dejar de estar en el híbrido de la Justicia Federal nacional, que tiene asiento en la Capital Federal

Estrategia para el traspaso de la Justicia Federal

La iniciativa tiene múltiples aristas: por un lado, el armado de una serie de reuniones para explicar a los jueces que no tendrán una pérdida de status, un cambio en sus funciones, menos salario, o el recorte de algún beneficio del que ya gozan. Otro, será descomprimir la tensión mediante la cobertura inicial (y traspaso) de los cargos que están vacantes, uno de los puntos clave. Y si el trámite legislativo se traba o no prospera, el Ejecutivo decidió que se realicen convenios de transferencia con el Ministerio de Justicia local, a cargo de Martín Ocampo, para avanzar en el proceso.

En el fuero del trabajo, en primera instancia hay 49 jueces pero 31 vacantes y de los 24 camaristas, seis sillas podrían ser cubiertas bajo la nueva modalidad. El resto del fuero fue inventariado, incluso, con sus respectivos contratos. Un total de 1466 cargos están en juego sólo en este fuero que demanda poco más del 20% del presupuesto, calculado en $1.467 millones. En el penal, son 2147 empleados de planta, con 121 contratos. Pero entre los juzgados hay 31 vacantes de 49 jueces, un atractivo número para futuros concursos. Convertir a los tribunales orales en lo criminal en federales por ahora no es una idea factible

Entre los principales ítems para vencer la resistencia judicial se incluye la equiparación salarial. Hoy los jueces nacionales ganan más que los porteños, pero en escalafones de empleados los de menor jerarquía están en un nivel apenas superior en la Ciudad. Todo tenderá a igualarse. Obras sociales y cajas jubilatorias deberían unificarse. Un interrogante a resolver es cómo transferirán a todas las fiscalías, siendo que por más que signifique un duro golpe para Alejandra Gils Carbó, puede interpretarse como una vulneración de la autarquía del Ministerio Público Fiscal, cuyo régimen a nivel local es distinto. El tema del Impuesto a las Ganancias sigue siendo un pendiente que el Ejecutivo quiere resolver. La Ciudad había dado un paso adelante derogando el beneficio, algo que quedó en suspenso. Uno de los grandes planteos recogidos como problema para el traspaso es el reclamo a un cambio en el régimen sancionatorio del Consejo de la Magistratura, que en el ámbito porteño está presidido por Enzo Pagani. Los jueces nacionales temen que sea más fácil acusar o eventualmente remover a un magistrado con mayorías (por la composición) que no forman parte del estamento de los jueces.

Alertas

Aunque el Gobierno no vislumbra potenciales alarmas de riesgo entre los empleados judiciales, la resistencia ya se ha hecho sentir en los pasillos de tribunales. Un interrogante es la postura que adoptará el líder de la UEJN, Julio Piumato, cuando la iniciativa madure. A esto se le agrega una complejidad en el futuro inmediato: la comisión interna del fuero nacional penal no le responde porque es de una lista opositora a «La Marrón»; y el gremialista acaba de perder, recientemente, el control de la interna de la Justicia laboral, precisamente los dos bastiones que inaugurarán el intento de traspaso.

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