La educación sin política es un derecho humano

Nuevamente, un número relevante de colegios secundarios del estado se encuentran sin la posibilidad de dar clases a sus alumnos por culpa de los centros de estudiantes porteños. A mediados de marzo el presidente Mauricio Macri ya había dado a conocer datos fehacientes que demuestran la enorme y creciente inequidad que existe entre la educación pública y la privada. Esta información no resultó novedosa para los padres y el mercado de servicios educativos, siendo que en los últimos 20 años la matriculación de alumnos en el sector privado fue creciendo mientras la matriculación en colegios públicos fue disminuyendo. Las familias argentinas están dispuestas a realizar verdaderos sacrificios personales para enviar a sus hijos a colegios privados, y así evitar que las nuevas generaciones se vean afectadas por esta crisis. Sin embargo la realidad ofende a muchos que quieren tapar el sol con la mano y no quieren ver la estrecha relación que existe entre la politización de las aulas y el nivel intelectual cada vez más bajo en las escuelas del estado.

El problema que no queremos ver

Ya en el año 2016 la Argentina había sufrido el papelón internacional de ser excluida de las pruebas PISA. Los resultados negativos y la falsificación de datos ayudó a generar este fenómeno. La educación de nuestro país está en crisis, pero ya no caben dudas que esta crisis golpea más a las instituciones públicas que a las privadas. Sólo con mirar algunos comportamientos relevantes podemos comprender el desprestigio que están sufriendo colegios públicos, primarios y secundarios, que en antaño gozaban de buena salud. A modo de ejemplo, el colegio secundario Pellegrini solía tener 500 vacantes para 2.000 aspirantes. Para el año 2007 la cantidad de aspirantes bajó casi a la mitad, siendo estos un total de 1.102 aspirantes, para volver caer dos años más tarde a menos de 550, producto de las frecuentes tomas del colegio secundario por parte de agrupaciones políticas estudiantiles. Estadísticas similares podemos encontrar en la trayectoria del colegio Nacional Buenos Aires, que en la década del noventa supo tener un promedio de 1.500 aspirantes para 500 vacantes. Sin embargo para el año 2007 este número decreció a sólo 910 aspirantes y hoy lucha por mantener el promedio de 1.000 aspirantes.

Correlativamente la matrícula de los colegios privados siguió creciendo en todo el territorio nacional. Es más probable que un estudiante del sector privado termine sus estudios, y aún más común que el alumno universitario provenga de un colegio privado. Esta diferencia de calidad se transforma también en poco tiempo en una diferencia de posibilidad laboral y educativa.

En este contexto, la única reforma educativa negativa que se podría hacer en la educación pública es la falta total de reforma. Sin embargo un sector de la sociedad apoya la extrema politización de pequeños grupos de estudiantes que cuentan con el apoyo de sindicatos y partidos políticos de izquierda.

El derecho inalienable de estudiar sin el obstáculo político

Es curioso que los centros de estudiantes, sindicatos y partidos de izquierda que toman colegios estén enamorados de la terminología de derechos humanos, pero no sean capaces de respetar los derechos fundamentales de los estudiantes. El artículo 14 de nuestra Constitución Nacional nos otorga el derecho inalienable de enseñar y aprender, siendo que el artículo 19 de la Convención de los Derechos del Niño, protege a los menores de 18 años de cualquier tipo de perjuicio o maltrato mental, incluyendo el lavado de cabeza. A su vez, otros instrumentos internacionales de derechos humanos, con rango constitucional, nos indican que es un derecho de los padres elegir la educación que quieran darle al menor en materia moral y religiosa, siendo la toma de los colegios, e introducción de ciertas ideas políticas, un acto contrario a ley. Por supuesto también podríamos agregar, sin entrar en detalles, que el delito de usurpación de edificios públicos está severamente penado por la legislación argentina, al igual que los daños a la propiedad y los delitos contra la libertad. Entonces, la pregunta que deberíamos hacernos es la siguiente ¿Si la la ley de nuestro país nos indica que es ilegal la toma de un colegio, y los hechos nos demuestran que es contraproducente la política partidaria en instituciones educativas, por qué será que seguimos teniendo estos problemas hace más de 20 años?, ¿Es acaso que los jóvenes estudiantes no comprenden el daño que se están infligiendo a sí mismos, o será que los presidentes de centros de estudiantes porteños se están preparando para ejercer una carrera política toda su vida adulta y son indiferentes a las necesidades de sus compañeros de clases?

La brecha sigue creciendo

Es así que la incoherencia se ha apoderado de una parte de nuestra sociedad. Aquellos que consideran condenable que nuestros hijos aprendan un oficio y adquieran experiencia laboral que les abra puertas en el futuro son los mismos que ven con amabilidad que los jóvenes pasen largas jornadas escolares sin abrir un libro, debatiendo vetustas ideologías políticas descartadas en el primer mundo, y cometiendo delitos con la complicidad de políticos que pierden elecciones y cortan calles. Mientras tanto, durante los 40 días que estos adolescentes no tuvieron clases, producto de las tomas de colegios del estado, los alumnos de instituciones privadas habrán aprendido matemáticas y lenguas extranjeras, además de haber realizado pasantías y prácticas educativas en escuelas técnicas. Lamentablemente, no sorprenderá a nadie cuando los alumnos del sector privado obtengan mejores empleos y saquen mejores notas en la universidad, porque es algo que viene sucediendo en la actualidad. Pero les agradecemos de todos modos a los jóvenes idealistas, sus padres y la militancia adulta, por demostrarnos, una vez más para variar, que ciertas ideas del pasado no funcionan en el mundo real. A todos ustedes que toman escuelas, ¡Chapeau!

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