piden que Parrilli vaya a juicio por el caso del libro que nunca se publicó

El fiscal federal Carlos Rívolo formuló en las últimas horas la elevación a juicio contra el ex secretario general de la Presidencia Oscar Parrilli y la ex presidenta de la Casa de Moneda Katya Daura, ambos funcionarios durante la gestión del kirchnerismo, debido a que jamás se imprimió un libro laudatorio de la “Década Ganada” para el que se dispuso de dinero público.

El libro fue pensado como uno de los tantos modos en los que se celebró el Bicentenario de la Revolución de Mayo  en el año 2010. La Unidad Ejecutora del Bicentenario, encargada de los festejos, era comandada por Javier Grosman,  arquitecto de la estética de los actos públicos del kirchnerismo. Esa Unidad dependía de la Secretaría General de la Presidencia, que en el 2013  -cuando se iba a publicar el libro- estaba a cargo de Parrilli. Más adelante el funcionario sería el jefe de los espías kirchneristas.

El juez Claudio Bonadio dictó los procesamientos de Parrilli, Grosman, Daura y su cuñado Matías Njirjak, quien trabajaba en el área de Relaciones con la Comunidad de la Casa de Moneda. La Sala II de la Cámara Federal los confirmó y Rívolo firmó la elevación a juicio.

La historia comenzó en 2013, cuando se llamó a licitación para imprimir un libro sobre “La Década Ganada“. La licitación la ganó la Casa de Moneda, que no está preparada para este tipo trabajo. En el requerimiento de elevación a juicio firmado por Rívolo, se explica que “se justificó dicho requerimiento en que la ‘Unidad Ejecutora Bicentenario de la Revolución de Mayo 1810-2010’ de la Presidencia de la Nación se encontraba en ese entonces desarrollando eventos tendientes a ‘generar espacios de celebración, reflexión y participación popular’ en el contexto del plan integral de festejos por el bicentenario de la Revolución de Mayo. Concretamente, sostuvo el Director de la referida Unidad que el alcance de la contratación requerida ‘encuentra fundamento en el marco del Plan Integral de Festejos, los que buscan construir un sentir de pertenencia, integración y creciente participación de la sociedad toda'”

La Casa de Moneda jamás imprimió el libro, a pesar de haber recibido $ 800.000 de adelanto para poner en circulación algunos ejemplares. Se iban a imprimir 100.000 libros a un costo de $ 72 cada uno: el monto total sumado el IVA alcanzó los $ 8.000.000.

Para realizar esa impresión la Casa de Moneda gastó  $ 2.652.000 en papel -que adquirió antes de que resultara adjudicataria de la licitación- y más de un millón de pesos en costo de depósito de ese mismo papel. Cuando en 2015 asumieron las nuevas autoridades de la Casa de Moneda se encontraron con la deuda por la utilización del depósito y con el papel arrumbado en el edificio donde se imprimen los billetes. Y por eso hicieron la denuncia.

Es decir, circuló dinero pero el libro nunca se imprimió. Para Rívolo, la conducta de los imputados “tuvo como denominador común el uso indiscriminado de los recursos del Estado –que ellos administraban-, sorteando invariablemente los canales regulares propios de la administración pública y bajo la apariencia de un proceso licitatorio normal que en realidad no fue tal, y que ha redundado en un claro perjuicio para el erario público“. Y por eso consideró que cometieron el delito de defraudación a la administración pública.

El fiscal señaló que Parrilli en “su carácter de máximo responsable de la gestión y administración de los fondos correspondientes a la Unidad Ejecutora del Bicentenario, tomó parte en la ejecución del hecho, acordando con la Sociedad del Estado Casa de Moneda (SECM) – por fuera de los canales legales- las términos y condiciones de una licitación para la impresión de un libro cuyo interés público no se encontraba debidamente justificado y disponiendo el pago de una suma de dinero a SECM por un trabajo que jamás fue realizado, y sin perjuicio de lo cual nunca reclamó su devolución; deberá responder en calidad de autor”.

Por otro lado, Rívolo diferenció a Grosman de Parrilli: “En el caso de Grosman-señaló- hemos visto que su actuación ha resultado esencial para la realización de la maniobra aquí investigada. Sin embargo, no puede obviarse el hecho de que, en definitiva, era Oscar Parrilli, a la sazón su superior jerárquico, quien tenía a su cargo la responsabilidad por la ejecución y administración de los fondos para el desarrollo de las acciones específicas relacionadas con la organización y ejecución de los festejos conmemorativos del Bicentenario. En el delito que nos ocupa, debe verificarse una infracción al deber especial del funcionario de resguardar el patrimonio; entonces si la persona, en este caso el Director Ejecutivo Javier Grosman, no es destinataria de ese deber, no puede ser punible como autor mediato y corresponderá imputarle su participación, en virtud de haber prestado al autor –Parrilli- una colaboración sin la cual el delito no habría podido cometerse. Por lo expuesto, entiendo que la conducta de Javier Alberto Grosman lo convierte en partícipe necesario del delito de administración infiel, en perjuicio del patrimonio estatal”.

Cuando fue procesado, Parrilli ensayó una defensa ante la Cámara Federal. Aseguró que el dinero destinado al nunca publicado libro se utilizó para imprimir uno sobre la “Casa Rosada”. Esos argumentos fueron desestimados en diferentes instancias judiciales.

En el caso de la participación de Daura, quien fue puesta al frente de la Casa de Moneda por el ex vicepresidente Amado Boudou, el fiscal afirmó: “Por su parte, la presidente de SECM, Katya Daura, obligó abusivamente el patrimonio de la sociedad estatal, en primer lugar al participar de una licitación para un trabajo que el organismo no podía afrontar por sí solo y obligaba a tercerizarlo, al menos en parte, y a bonificar todo lo concerniente al trabajo a realizarse en ella, para ofrecer una oferta competitiva. Luego, disponiendo la compra del material respectivo, con carácter previo a su adjudicación”.

Njirjak, cuñado de Daura, fue el encargado de varias aristas de la operación: era el contacto con la Unidad del Bicentenario, fue quien ordenó la compra del papel para imprimir el libro que nunca se imprimió. Por su relación de confianza y parentesco con Daura estuvo al frente de la logística necesaria para implementar el negocio cuestionado.

El fiscal, por último, concluyó que “en el caso bajo análisis, los encausados sabían que su actuar, contrario a las normas que debían cumplir y respetar, implicaba un perjuicio al patrimonio público cuya administración les fuera confiada”.

Se trata de otro caso de corrupción durante el kirchnerismo que se encamina a juicio oral y público.

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