Scioli: inhibieron al ex Gobernador por irregularidades en la obra pública

La justicia penal de La Plata inhibió este miércoles al ex gobernador bonaerense Daniel Scioli, a su ex ministro de Salud, Alejandro Collia, y al empresario Ricardo Miller por más de 189 millones de pesos en la causa en la que se los investiga por irregularidades en la contratación de obra pública.

La medida la tomó la jueza de Garantías Marcela Garmendia ante un pedido del fiscal penal Alvaro Garganta para que se dicte la inhibición general de bienes de los tres procesados por un total de $ 189.200.000.

La jueza también aceptó el pedido del fiscal para que el ahora diputado nacional Scioli notifique a la justicia cada vez que quiera salir del país pero cuestionó la decisión de Garganta.

El fiscal Garganta investiga presuntos hechos de corrupción en la construcción de nueve Unidades de Pronta Atención (UPA) durante la gestión de Scioli. Se busca determinar si favoreció al empresario Ricardo Miller en la construcción de esos establecimientos.

Pese a que en una audiencia citada por la jueza, la Fiscalía de Estado se opuso a la inhibición por considerar que en la causa no está acreditado el posible perjuicio económico al fisco, la magistrada hizo lugar a la inhibición.

En la resolución, Garmendia sostuvo que el Código Penal establece que el magistrado podrá desde “el inicio de las actuaciones” adoptar las medidas cautelares de índole patrimonial que considere necesarias para “hacer cesar la comisión del delito o sus efectos, o a evitar que se consolide su provecho o a obstaculizar la impunidad de sus partícipes“.

Flavio Gliemmo, abogado defensor de Collia, dijo que la resolución de Garmendia por la inhibición “seguramente será revocada por la Cámara de Apelaciones por cuanto no tuvo en cuenta que el propio fiscal de instrucción reconoce que no hay perjuicio al Estado como así la Fiscalía de Estado que se opuso al embargo”.

Para el letrado, la decisión de Garmendia “tuvo una fundamentación aparente, acude a generalidades, desconociendo las constancias objetivas de la causa”.

Scioli está acusado de los delitos de negociación incompatible con el ejercicio de la función pública en concurso con tráfico de influencias e incumplimiento de los deberes del funcionario público.

Garganta investiga si en la gestión de Scioli se benefició con contratos de obra pública a la constructora Miller Building International SA, la empresa que construyó las UPA con fondos públicos provinciales.

Además, se investiga si al mismo tiempo la constructora tenía negocios privados con Scioli, ya que le alquilaba un predio en Villa La Ñata, Tigre, para montar un emprendimiento hotelero.

En su indagatoria, el ex gobernador Scioli declaró no haber recibido “nunca dádivas de ninguna persona” y sostuvo que “todas las contrataciones” durante su gestión fueron realizadas “en el marco de la normativa vigente, con el aval y la conformidad de todos los organismos de la Constitución y la posterior aprobación por parte del Tribunal de Cuentas, quienes confirmaron su regularidad“.

En su escrito, Scioli también negó que se haya “alterado” el procedimiento administrativo del Ministerio de Salud para la provisión de las UPAs en procura de “beneficiar a un proveedor determinado” y planteó que “es totalmente falsa” su supuesta “relación especial con uno de los proveedores”.

Entonces, consideró que Miller “accedió a menos del 1 por ciento de las obras públicas, licitadas todas mediante concursos públicos y transparentes y según la ley aplicable a cada caso”.

Ricardo Miller, el “Lázaro Báez” de Scioli

El 11 de noviembre del año pasado, Miller festejó su cumpleaños en La Posada Multiespacios, un lujoso complejo de eventos construido sobre terrenos que pertenecían a Daniel Scioli, al borde del río Luján. El festejo estuvo a la altura de un empresario ligado al poder. “Miller es Scioli, era parte de la mesa chica“, coinciden media docena de fuentes consultadas. Se trata de Ricardo Miller un empresario que recibió decenas de obras públicas durante la gestión del ex gobernador. Al mismo tiempo, era inquilino de Scioli: le alquilaba el terreno de 41.000 m2, que terminó comprando en USD 3.850.000. La Justicia acaba de comprobar que ese lugar no se usaba. En realidad, se abría solo para eventos familiares, como el cumpleaños de Miller, a quienes muchos apodan el “Lázaro Báez” de Scioli.

La Posada de Miller fue allanada. Durante el procedimiento, un empleado declaró que el lugar siempre está vacío. “Se hicieron apenas cuatro eventos en todo este tiempo y siempre de la familia Miller”, dijo ese testigo ante la Policía, tal como reveló este sitio. El empleado, que cumplía la función de sereno, tiene un cargo en la empresa Miller Building. Otro dato llamativo.

Es el manual del lavado de dinero“, admite una fuente de la investigación sobre la maniobra descubierta. Por ahora, igualmente, se investigan otros tres delitos: negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación y peculado.

Por este terreno, Miller le pagaba $1 millón por año a la empresa Capanone, la inmobiliaria en la que Scioli tiene el 99% de las acciones. El contrato -por un plazo de cinco años- ya está en poder del fiscal Álvaro Garganta, que investiga este hecho dentro de la megacausa contra la gestión del ex gobernador y otros ex funcionarios bonaerenses a partir de una denuncia de la diputada Elisa Carrió.

Mientras era su inquilino, Scioli le otorgó a Miller decenas de obras en la Provincia. Sus empresas construyeron la mayoría de los centros de atención primaria de salud, más conocidos como UPA. También recibieron obras en el Puerto de La Plata, en la Obra Social del Servicio Penitenciario Bonaerense y hasta en la Autopista del Buen Ayre. Una montaña de dinero.

El fiscal Garganta ya comenzó a relevar, junto a su equipo, los montos abonados y el estado actual de cada una de las obras.

Miller es el Lázaro Báez de Scioli. Recibía obras millonarias, al mismo tiempo le pagaba un alquiler de una posada que nadie usaba“, admite una fuente que conoce el circulo rojo de Scioli.

Pese a que le generaba pérdidas, en enero de este año Miller decidió comprar los terrenos donde funciona La Posada. Por un total de 41.000 m2, que eran parte de Villa La Ñata, se pagaron US$ 3.850.000, más de 60 millones de pesos al cambio de esa fecha, un monto muy superior al que había informado Scioli en su declaración de bienes. La operación puso en alerta a la Justicia y a la Unidad de Información Financiera (UIF).

Miller estaba en las reuniones cerradas. Tenía mucha relación con Alberto Pérez (procesado por esta causa) y era del círculo más íntimo de Scioli. Siempre que había que construir algo lo llamaban a él. También lo asesoraba en las obras en marcha. Miller es Scioli”, cuenta un hombre que transitó esos años cerca del ex gobernador.

La relación era tan estrecha que Scioli viajaba, hasta hace pocos días, en los helicópteros de Miller, dueño de dos Robinson 44. El piloto, casi siempre, era Leonardo Albornoz, ex director de Aeronáutica del Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Cumplió esa función hasta 2013, cuando Alejandro Granados decidió echarlo por incompetente y en su lugar puso al comisario Alejandro Marcon. “En ese momento había solo dos helicópteros de la Policía en funciones, luego pasamos a diez”, explicó un ex funcionario.

Albornoz siguió al lado de Scioli, a quien había conocido durante la campaña electoral de 2007, cuando fue electo gobernador. Ahora pilotea el helicóptero de un importante empresario y traslada al ex gobernador en las aeronaves de Miller. Otra vez se cierra el círculo.

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