“Su asesinato muestra la vulnerabilidad de todos los trabajadores públicos”

A raíz de la muerte del chofer de la línea 620 en el Partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires, fuertes líneas opositoras criticaron con dureza la gestión gubernamental en materia de seguridad. En primer lugar señalando la falta de efectivos policiales en la vía pública y transporte, y por otro lado el vacío de cámaras de seguridad en la zona donde ocurrió el delito.

Una de las voces alzadas sobre el asesinato de Alcaraz, pertenece al diputado nacional Juan Brügge (Democracia Cristiana) que puso énfasis en agravar las penas para aquellos delitos que recaigan sobre trabajadores públicos. Cabe señalar que el diputado presentó un proyecto de Ley que incorporaría el artículo 91 bis del Código Penal de la Nación penas mayores sobre estos delitos.

El proyecto en su artículo 1 remarca, “cuando la víctima de los delitos previstos en los artículos 89,90 y 91 revistiere el carácter de Directivo, docente o auxiliar docente de establecimientos educativos públicos o privados, en todos los niveles de la enseñanza, servidores públicos, bomberos o profesionales de la salud, y el hecho ocurriese en ocasión del ejercicio de sus funciones, la escala penal se aumentará de la siguiente forma:

Si concurriere algunas de las circunstancias enumeradas en el artículo 89°, la pena será de prisión de uno a tres años. Si concurrieren algunas de las circunstancias enumeradas en el artículo 90°, la pena será de reclusión o prisión de tres a ocho años. En el caso del artículo 91°, la pena será de reclusión o prisión de cuatro a doce años.

Su proyecto se dirige a aumentar a dos años de prisión cuando las lesiones sean cometidas sobre un servidor público.

“La muerte de Leandro Alcaraz –chofer de la línea de colectivos 620-, trae a reflexión el enorme grado de vulnerabilidad al que se encuentran expuestos todos los trabajadores públicos. Entre ellos conductores de taxis, recolectores de residuos, bomberos, choferes de ambulancias. Esta realidad brutal pone en relieve la necesidad y la obligación que tenemos como legisladores, de la creación de un mecanismo de doble vía: primero como prevención, y luego como punición. La prevención dada desde las fuerzas de seguridad, tanto federales como provinciales, y la punición agravando penas sobre todos los delitos cometidos hacia servidores públicos”, afirmó Brügge.

Desde el trabajo del proyecto, Brügge explica que hasta la fecha se avanzó en el personal docente y el personal sanitario que trabaja en escuelas, y en los centros asistenciales públicos, “hay en este grupo de trabajadores, un elevado número de víctimas de agresiones por las personas que concurren al servicio. El caso de Leandro nos lleva a la conclusión de que tenemos que trabajar para protegerlos”.

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