Tarjeta SUBE, otra causa que involucra a don Julio De Vido

Se despertó el Juez de la causa de control a la Tarjeta SUBE y pide medidas y ordena declaraciones. La Causa estuvo parada dos años.

Si bien es cierto que se rescindió el contrato, el delito por la Tarjeta SUBE ya se encontraba configurado y el perjuicio económico ya se había ocasionado.

No obstante ello, el Gobierno K, por todos los medios ha tapado esta causa y no permitió que se avance sobre ella.

La defraudación por el control de la Tarjeta SUBE, no es un problema entre particulares, sino que la defraudación es directa al Estado. Ya que se pagó por un servicio una suma que supera las de plaza en el mundo, pero que además encubre la figura del lavado de dinero y la corrupción. El anterior Gobierno -como en el caso Schocklender- pretendió hacernos creer que la defraudación es una cuestión entre particulares, cuando la realidad es que el Estado pagó 200 millones de pesos por un servicio inexistente, sobrevaluado y en el cual el único perjudicado es el Estado Nacional (EL PUEBLO ARGENTINO).

La causa que tramita por ante el Juez Sergio Torres, Secretaría N° 23 a cargo del Dr. Pablo Yadarola, Expediente N° 6297/2012, es en la cual el Estado Nacional acompañó toda la documentación relacionada con la licitación, como así también, el legajo personal de quien resultó adjudicataria. Circunstancia ésta, que hasta la fecha, pese haberse suspendido el control y existir otro control, el perjuicio existió.

Al tratarse de una empresa Inglesa que debería estar registrada en la Inspección General De Justicia, se pidió con urgencia el legajo de la Empresa (G.I.), para que no se «extravíe» como sucedió en el caso Ciccone.

Y por otro lado, al utilizarse una empresa inglesa para cometer un presunto delito en connivencia con funcionarios públicos argentinos; causa que tramita por ante el Juez Torres, solicita la investigación de estos hechos respecto a Julio Miguel De Vido Y/O quien resulte responsable por los delitos de violación de deberes de funcionario público y negociación incompatible con la función pública y malversación de caudales públicos, previsto en los arts. 248, 265 y 260 del Código Penal de la Nación Argentina. Es importante determinar la legalidad de la licitación para supervisar la Tarjeta SUBE. El Ministerio de Planificación a cargo de Julio de Vido, en ese momento, debe aclarar las condiciones, forma y modo en que fuera adjudicada la licitación para auditar la Tarjeta SUBE.

La empresa contratada a los fines de ser controladora de la Tarjeta SUBE se llama GLOBAL INFRAESTRUCTURE (G.I), no tiene sede social en el país, tiene un domicilio registrado en la calle Tucumán Nº 1 Piso 4to. de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, domicilio éste que pertenece a un Estudio Jurídico, el cual atendía asuntos del Ministro De Vido –aunque ahora ya no-. La empresa se encuentra integrada por ex funcionarios y asesores de transporte.

Los diputados y ex Diputados Federico Pinedo, Gladys González, Graciela Ocaña, Laura Alonso, Eduardo Amadeo, Pablo Tonelli, Patricia Bullrich y Paula Bertol, presentaron un proyecto de resolución sobre «los argumentos técnicos que fundamentaron la adjudicación» en favor del consorcio compuesto por Global Infrastructure SA (G.I.), IRV S.A., Iatasa S.A. y González Fischer y Asociados S.A. (GFA), al considerar que la diferencia entre las ofertas era «sólo» de 2 puntos sobre 100. Y cuestiona «si la diferencia de puntaje representa los $9.800.000 de diferencia de costos» entre las propuestas.

En los fundamentos del pedido de informe, la diputada Gladys González (PRO) exige además que se especifiquen cuáles son las funciones de la auditoría de la Tarjeta SUBE, que cuenta con un presupuesto de $65 millones.

Además, la empresa que resultó adjudicataria G.I. era insolvente, con un rojo de cinco millones de dólares, razón por la cual fue impugnada la adjudicación por otros licitantes.

A su vez, en lo que respecta a la empresa Nación Servicios S.A. -el operador de la tarjeta-, el presidente de la misma es Ángel José De Dios, quien fuera familiar de De Vido, ya que el hijo mayor de esté, se encuentra de novio con la hija de De Dios.

Pese a que contó con $ 65 millones para supervisar la puesta en marcha, la Secretaría de Transporte no pudo evitar que gestionar la tarjeta se convirtiera en un engorroso trámite para millones de argentinos. «Durante cuatro años trataron de imponer la SUBE. Antes del accidente de Once era prioridad y ahora pasó a segundo plano. Ahora queremos saber qué se está haciendo y por qué se mantiene cierto niveles de gastos si el sistema todavía no funciona plenamente en todos los medios de transporte», aseguró la diputada Ocaña. Y cuestionó el proceso para supervisar el boleto electrónico: «jamás hubiese permitido que un funcionario aceptara una propuesta $10 millones más cara. Claramente hay una diferencia muy sustancial.

Se han emitido 8.200.000 tarjetas, cada una le sale al Estado 1,38 dólares+IVA, el doble de lo que lle costó a Chile por el mismo servicio. Hay a su vez 5.500 lectoras para recargar la tarjeta, un negocio de 100 millones de pesos, también el doble del costo en cualquier país limítrofe.

¿Cómo se configurarían los delitos a que se hace referencia sobre la Tarjeta SUBE?

Resultó adjudicataria la empresa G.I. la cual fue constituída recién el 22 de Junio de 2009. Con un capital de cien libras.

No tiene antecedentes técnicos, ni históricos. Su domicilio en Inglaterra es una peluquería.

Al momento de la adjudicación, su pasivo era superior al activo, pudiéndose encontrar en una situación de convocatoria, como así también tenía una infinidad de cheques sin fondos. Tenía un saldo negativo de cinco millones de dólares.

La oferta de esta empresa, fue la más cara. Y se adjudicó el 19 de Junio de 2011.

Esta empresa se encontraba integrada por ex funcionarios y asesores del Ministerio de Transporte. Y por Insfraestructura y Obras públicas.

Las 11.200.000 tarjetas que se emitieron tuvieron un costo de U$S 1,38, lo cual es el costo doble de lo que se paga en Chile y en otros países limítrofes.

A su vez se instalaron 5.500 lectoras para recargar las tarjetas, que representa un negocio de cien millones de pesos ($100.000.-) en tanto que en los países limítrofes tiene un costo a la mitad.

Es una empresa extranjera constituida en Inglaterra y Alemania, que carece de domicilio legal en la Argentina, carece de empleados propios y todo es manejado desde el exterior. (Típica empresa extranjera offshore). No se conocían dónde trabajaban los empleados, no obstante ello, cobraron grandes sumas de dinero en concepto de remuneraciones.

Deberán investigarse las relaciones familiares existentes entre el presidente: Ángel José De Dios, de la firma Nación Servicios S.A., quien es la operadora de la Tarjeta SUBE con la familia De Vido.

A su vez, se hace saber que, como consecuencia de esta adjudicación, la misma fue impugnada por otros oferentes y la causa tramitó en el Juzgado en lo Contencioso Administrativo Federal de la Nación Nº 10 y además existe un pedido de informes realizado por la Cámara de Diputados que se ha hecho referencia en los hechos de esta presentación.

La fuente de investigación son las publicaciones e investigaciones realizadas por el diario La Nación, Clarín y otros medios que se aportaran al momento de la ratificación de la denuncia. Como así también el proyecto de resolución impulsado en la Cámara de Diputados por el PRO, la Coalición Cívica y el Frente Peronista.

Es por todo ello, que queda debidamente aclarado que no es una defraudación entre particulares sino que el único damnificado es el Estado Nacional, quien abono un servicio que no se prestó, por un valor que supera el valor de plaza. Pero además de todo ello, la causa se encontraba estancada, pero ahora el Juez tomó una batería de medidas. El Gobierno rescindió el contrato, y hoy por todos los medios, esta causa que se ocultaba, comienza a investigarse, en la que están involucrados ex funcionarios públicos de alta jerarquía.

Esta es la mecánica que utiliza en todos los casos la corrupción, tapar, planchar, demorar, ocultar. Pero ahora parece que el Juez se despertó. Ya es hora, porque la denuncia la realicé en julio de 2012.

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