Todos quieren trabajar en el Estado

Mientras el empleo en el sector privado se mantiene estancado, el sector público ha presentado un crecimiento sostenido en su planta de trabajadores, cuyo ritmo duplicó al del empleo privado entre el 2003 y el 2013. Esto implica que el incremento de trabajadores estatales no se ha dado sólo en términos nominales, sino que el empleo público ha ido ganando terreno al empleo privado formal. Tal es la situación, que actualmente uno de cada tres asalariados con empleo formal trabaja para el Estado.

La creación de nuevos puestos de trabajos del sector privado permaneció estancada durante el segundo trimestre del 2014. A su vez, la tasa de suspensiones en las empresas presenta su nivel más alto desde la crisis del 2009. Las suspensiones y la disminución de la carga horaria son el paso previo a los despidos, y aunque las expectativas de las empresas consultadas para aumentar sus plantas de empleados son relativamente altas, son menores con respecto a las del año pasado, y en la actualidad tienden a no reemplazar a la totalidad de los empleados que renuncian o se despiden. Así lo indica la Encuesta de Indicadores Laborales (EIL) del Ministerio de Trabajo en su informe del segundo trimestre de 2014 publicado recientemente.

Aunque la decisión de aumentar la proporción de empleados públicos pueda ser debatible desde las diferentes concepciones ideológicas acerca del rol del Estado, lo cierto es que este crecimiento no se ha trasladado en una mejora de la calidad y cobertura de los servicios públicos. Incluso la mayoría de los nuevos trabajadores estatales no han sido incorporados en los principales sectores que brindan servicios considerados prioritarios por nuestra sociedad, como la educación, la salud y la seguridad. La realidad es que el grueso del empleo adicional se ha canalizado hacia la burocracia administrativa.

El problema se acrecienta cuando vemos la diferencia entre el sector público y privado en lo que respecta a las remuneraciones. El promedio mensual de la remuneración neta del sector público nacional en el primer trimestre del 2014 fue de 13.899 pesos, mientras que el promedio de la remuneración del sector privado del total del país fue de 8.563 pesos. Dicho en otros términos: el salario público es mayor al salario privado en un 61,6% (según datos del INDEC sobre la base de datos del Sistema Integrado de Jubilaciones y Pensiones). Esta diferencia salarial se profundiza particularmente en aquellos puestos de trabajos que son cubiertos por asalariados no calificados, generando una brecha de desigualdad económica entre aquellos que tuvieron la oportunidad de poder acceder a un puesto de trabajo estatal, que no requiere ningún tipo de capacitación técnica, ni estudios universitarios previos o en curso, y que no han pasado por un proceso de selección meritocrática, respecto de los que trabajan en el sector privado. En algunos sectores privados que demandan trabajadores más calificados, como por ejemplo los laboratorios privados en relación con los servicios de salud, esta brecha salarial tiende a revertirse o acortarse, mientras que en el caso de los bancarios (públicos y privados) los ingresos se asemejan.

Así, el sector dentro del que se ejerce una determinada actividad laboral, se convierte en un factor explicativo de los diferenciales de ingresos que puede existir entre dos personas que ejecutan las mismas tareas.

Además de la diferencia salarial, el empleo en el sector público tiene determinados beneficios para el trabajador que difícilmente podrían ser garantizados en el sector privado como la estabilidad laboral, la flexibilidad de los horarios o licencias más generosas, entre otros privilegios de los que gozan en particular los empleados de planta permanente. Por estas razones, el pensamiento respecto de que trabajar en lo público implica de cierta forma “estar salvado”, constituye un lugar común dentro del imaginario colectivo, motivo por el cual todos quieren trabajar en el Estado.

Las cuestiones objetivas relativas a la disparidad salarial y condiciones laborales más favorables en relación con el sector privado, sumado a las representaciones subjetivas de lo que implica el empleo estatal, hacen que éste se convierta en terreno fértil para la utilización electoral y personal por parte de los funcionarios públicos, que junto con criterios de selección y promoción mucho mas discrecionales, promueven la mediocridad y el deterioro de la calidad de los servicios públicos.

Por eso, hoy más que nunca, lo que se necesita son funcionarios y servidores capacitados, y conscientes del rol que ocupan y de su deber. Que logren que el Estado resuelva y satisfaga eficientemente las necesidades y problemas de la sociedad. Para esto la competencia técnica, el mérito y la especialización son requisitos primordiales que deben ser evaluados tanto a los aspirantes como a los trabajadores del Estado. En el ámbito de lo público, la calidad debería constituir el criterio supremo.

La otra cara de la moneda

También es cierto que muchos de los empleados estatales se encuentran precarizados, y no corren la misma suerte que los “afortunados” que trabajan en ese mismo sector. Como es el caso de los que se encuentran bajo el régimen de contrataciones (recordemos que dentro del sector público conviven tres regímenes de empleo) quienes prestan servicios de carácter transitorio o estacional, situación que genera incertidumbre frente a la posibilidad de que el contrato sea rescindido. Aunque los más perjudicados en términos salariales son los empleados del sector público municipal, donde el salario promedio mensual, se encuentra por debajo del sector privado y del resto del sector público, con un promedio tan solo de 6250 pesos en el primer trimestre del 2014.

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