YPF: desde Perón hasta Cristina Kirchner, un reflejo del país

Ya es conocido que desde la Corte Suprema de Justicia de la Nación se declaró que YPF debía hacer público el último acuerdo con la compañía Chevron; sin embargo, éste no fue el único que existió. A lo largo de los años, desde la década de 1950, YPF estableció tres modelos de trabajo y formas de gestión públicas y privadas. Período por período, vamos a recordarlos.

YPF durante la presidencia de Juan D. Perón (1946-1955)

Desde finales de 1940, el entonces presidente Juan Domingo Perón, siguió un modelo de desarrollo para comenzar la industrialización del país. Fue así como, permitiendo el ingreso de capitales foráneos y firmando convenios internacionales, se acordó el 11 de diciembre de 1947 la exploración de cuarenta pozos de petróleo. Para ello, YPF contó con el apoyo de la compañía estadounidense Drilexco. La ley que lo expresa fue sancionada en 1953. Desde ese punto inicial, en  1954, un acuerdo con la Standard Oil dejó a la empresa del norte explotar cerca de cincuenta mil kilómetros cuadrados en el sur argentino y sus yacimientos de petróleo; esto representaba, en ese momento, una inversión privada de trece millones quinientos mil dólares en cuatro años. Con esto se logró, durante el peronismo, que  YPF aumentara un 50% la producción de petróleo y tuviera el 84% del total de la extracción de crudo.

YPF con Arturo Frondizi (1958-1962)

El 1 de mayo de 1958, Arturo Frondizi asumió la presidencia de la Nación y encontró un serio problema que había dejado el gobierno de facto del general Pedro Eugenio Aramburu, en cuanto a consumo y producción de petróleo: en todo el país, había un consumo de más de quince millones quinientas mil toneladas, pero nacionalmente sólo se producían cinco millones y se importaban los restantes diez millones. Esto representaba un gasto de trecientos millones de dólares en importación de petróleo. Desde entonces, Frondizi y su Gobierno anunciaron “La batalla del petróleo, para lograr el autoabastecimiento, pero ese año la Argentina no tenía más oro en el Banco Central para YPF, por lo que había que atraer a los capitales extranjeros para explotar el hidrocarburo. Lo negativo era, desde luego, que las petroleras extranjeras se tendrían que llevar parte de las ganancias.

Para lograr llegar a las más de quince millones de toneladas de las que se habla anteriormente,  el Gobierno tuvo que hacer contratos de locación de obras y servicios, en especial con tres compañías: Panamerican, en la ciudad de Comodoro Rivadavia (Chubut); “Banca Loeb”, en la Provincia de Mendoza; y “Tennessee”, en la Provincia de Tierra del Fuego. También hubo contratos con otras compañías, como Esso y Shell. Así, la Argentina logró, por primera vez, llegar al autoabastecimiento de petróleo, rompiendo con cincuenta años de abastecimiento de petróleo importado.

YPF con Carlos Saúl Menem (1989-1999)

Durante el neoliberalismo económico, se llevaron a cabo varios cambios, gracias a la Ley de Reforma del Estado.  El primer paso en este proceso, fue la súper-privatización de todo lo que perteneció al Estado nacional. La enajenación principal de YPF fue el cambio de tipo societario; pasó de ser sociedad del Estado a convertirse en una Sociedad Anónima (YPF S.A.). El proceso de privatización culminó en 1999, cuando el Estado argentino vendió a Repsol un 14,99% de las acciones de YPF. La transacción le permitió a Repsol convertirse en la octava productora de petróleo y la decimoquinta compañía energética del mundo.

En 1992, Menem firmó el proyecto de ley de privatización, que fue aprobado en el Congreso nacional, poniéndose la compañía YPF en manos de una empresa española: Repsol, para convertirse entonces en Repsol-YPF S.A. El vocero del proyecto, en esa ocasión, fue el diputado neuquino Oscar Parrilli, miembro informante del menemismo y hoy secretario general de la presidencia y mano de derecha de Cristina Fernández. En los primeros cuatro años de gestión de Menem la petrolera prescindió de cincuenta mil trabajadores en todo el país.

La ley no se ajustaba a un marco regulatorio firme y permitía transferir los yacimientos a las provincias, vendiendo los activos y acordando como prenda de intercambio el pago de regalías a las provincias productoras. Así, a Salta le tocaron ciento veinte millones de dólares; a Mendoza, seiscientos treinta y ocho; y a Santa Cruz, gobernada por Néstor Kirchner, cuatrocientos ochenta millones. Es por eso que el entonces gobernador y futuro presidente no se sintió dolido –sino, por el contrario, agradecido- por la privatización neoliberal. El proceso de privatización completa de YPF tiene tantos datos, perjuicios y balances que exceden esta nota.

YPF con Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015)

El 16 de abril de 2012, la presidente Cristina Fernández de Kirchner presentó el proyecto de ley “De la soberanía hidrocarburífera de la República Argentina” para la estatización de YPF. El principal motivo alegado para su expropiación fue la disminución de las reservas de petróleo durante la gestión de Repsol en YPF. Desde la adquisición de Repsol en 1998 y hasta fines de 2011, esa caída fue del 54% en petróleo y del 97% en gas, por lo que se declaró que el 51% del patrimonio de YPF era de utilidad pública y sujeto a expropiación.  De ese porcentaje expropiado, un 49% se destinó a las provincias y el 51% restante, al Estado nacional.

En este marco, la presidente argentina firmó un acuerdo con la compañía estadounidense Chevron, prima de la Standard Oil, el 19 de Diciembre de 2012, para explorar y desarrollar el yacimiento de hidrocarburos no convencionales de Vaca Muerta, en la Cuenca Neuquina, como parte de un plan que eventualmente traería a la Argentina inversiones por más de quince mil millones de dólares.

El acuerdo firmado incluye, por parte de Chevron, “un trabajo conjunto para explorar y detectar junto a YPF nuevos desarrollos” en un área de seiscientos kilómetros cuadrados. El yacimiento de petróleo “Vaca Muerta” cuenta con capacidad para duplicar, en apenas diez años, la producción de hidrocarburos de la Argentina. El mismo fue descubierto cuando YPF era una filial de Repsol; o sea, antes de que el Estado nacional expropiara la compañía, en mayo de 2012. Esta situación generó indignación en la ex firma controlante de YPF, que demandó a Chevron tanto en España como en Nueva York, por su intención de explotar junto con la petrolera argentina YPF.

Esto trajo serios problemas para la economía nacional, ya que, debido a las restricciones cambiarias que hay en la Argentina, el Gobierno debió firmar un decreto que permite a Chevron exportar parte de la producción sin retenciones y garantizar la libre disponibilidad de los fondos en dólares que esas operaciones generen. Esta medida apuntaló el último tramo del acuerdo.

Los argentinos tendremos que esperar hasta después de 2016 para conocer un nuevo capítulo en esta “novela” de YPF y su relación con compañías extranjeras.

 

 

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